Durante el 2025 se iniciaron 126 quejas en contra de jueces del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, las cuales ingresaron a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura.
De estas 126 quejas, precisó el Poder Judicial, 42 de ellas fueron de carácter jurisdiccional, el resto, agregó, fueron por términos en dilación, parcialidad y omisión.
Sin embargo, no precisó cuántos son los jueces por quienes se ha quejado la ciudadanía en su actuar, de qué distritos judiciales son, ni si fueron sancionados o no.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura es la encargada, precisa la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de conocer de las conductas de las personas servidoras públicas, de la supervisión de los órganos jurisdiccionales, órganos auxiliares y unidades administrativas a través de las Visitadurías, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten.
“Tenemos muchos (casos de queja) en trámite, muchos resueltos”, sostuvo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Stella Aladro Echeverría.
En cuanto a los motivos de las quejas contra los jueces, Aladro Echeverría mencionó que “normalmente son por tardanzas, por conductas que de alguna manera pudieran sentir como algún agravio y se investigan todas las que llegan”.
La Visitaduría Judicial es un órgano auxiliar que depende de la Comisión de Disciplina, precisa la Ley, y entre sus facultades y obligaciones están el recibir las quejas e inconformidades u observaciones que se presenten por escrito, verbal o a través de medios electrónicos, durante las visitas de inspección o en la oficina que se ocupe para el desarrollo de las funciones, turnándose a la brevedad a la persona titular de la Comisión de Disciplina.
Casos
En 2025 se investigó a la jueza Janet Montiel Mendoza. Ella llevó el proceso de Marco Antonio M.G. en dos carpetas de investigación por los delitos violencia familiar y privación ilegal de la libertad en donde aprobó la suspensión condicional del proceso, el imputado quedó en libertad y posteriormente privó de la vida a su ex pareja Rosaura O.H., a su padre y a su hermano. Luego de ello se inició una investigación en contra de la jueza sobre su actuar en la suspensión condicional del proceso.
Sobre éste caso, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia mencionó que: “ese fue uno de los que se dio la investigación y se resolvió y se determinó que no había habido ninguna situación por parte de la jueza que hubiera motivado alguna cuestión”.
El Pleno General del Tribunal Superior de Justicia, puntualiza la Ley, tiene entre sus facultades solicitar a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura la investigación sobre los casos en los que se adviertan actuaciones de las personas juzgadoras y las personas servidoras públicas judiciales, en términos de la Constitución, que pudieran derivar en responsabilidad en el desempeño de las funciones jurisdiccionales.