A cuatro años de haberse consumado la pérdida de registro del Partido Humanista, el Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió el largo y costoso proceso de liquidación derivado de una orden judicial que obtuvieron un grupo de personas que no fueron reconocidas como trabajadores del instituto político.
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Hasta ahora, el proceso de liquidación ha costado más de 67 millones de pesos a la autoridad electoral y permanece abierto derivado de un gran número de demandas que existen en contra de un partido con apenas un año de existencia.
Sin embargo, hace unos días, el Poder Judicial concedió una suspensión definitiva a un grupo de trabajadores que no fueron reconocidos por la autoridad electoral para recibir una indemnización luego de la desaparición del partido.
Ante este escenario, la autoridad electoral pretende alcanzar un acuerdo con el grupo de trabajadores para poder concluir con el proceso y comenzar a distribuir los pocos recursos que quedan y que se devalúan con el paso del tiempo.
El Partido Humanista fue creado en el 2014, a la par de Encuentro Social y Morena.
Un año después, durante la elección para renovar la Cámara de Diputados obtuvo apenas 2.25 por ciento del total de la votación y perdió su registro.
A partir de ese momento y hasta a principios de este año, el proceso corrió a cargo de Dionisio Ramos Zepeda a quien se le pagaron más de 67 millones de pesos y posteriormente se le rescindió el contrato, derivado de lo oneroso del proceso.
En su lugar se designó a Raúl Martínez Delgadillo, quien deberá proceder a realizar el pago de las obligaciones pendientes del partido y concluir con los procesos legales que se mantienen pendientes de su resolución y que por el momento tienen suspendido el proceso.
De forma paralela, la autoridad electoral se prepara para iniciar con el proceso de liquidación de los que fueron empleados y proveedores; así como pago de deudas y sanciones de los partidos Encuentro Social y Humanista quienes carecían de inmuebles.
Actualmente, el liquidador asignado para ambos partidos elabora la lista de activos con los que cuentan los partidos que se limitan a artículos de oficina; así como los recursos que recibía como parte de sus prerrogativas.
No obstante, será necesario que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defina si los adeudos que mantiene por las multas impuestas por la autoridad electoral deben ser considerados prioritarios para su pago.
Las sanciones que acumularon los partidos son considerados como acreedores comunes y por tanto deben ser saldados sólo después del pago a los trabajadores que tuvieron y que deben ser liquidados conforme a la ley.
La autoridad electoral estima que para el cierre de este año tendrá la lista de acreedores y la orden de prelación para iniciar el pago de las deudas y con ello concluir el proceso, a más tardar el próximo año.
OVM