Los amparos promovidos contra la reforma que elimina las pensiones doradas de ex trabajadores de instituciones gubernamentales empezaron a ser desechadas.
Ulises Oswaldo Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es uno de varios jueces que comenzaron a desechar las demandas por notoriamente improcedentes.
Las demandas fueron presentadas por ex empleados de Banobras, Banrural, Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), los mismos que impugnaron la reforma al artículo 127 constitucional que prohíbe pensiones superiores a los 134 mil pesos mensuales.
Sin embargo, Rivera González señaló que las reformas a la Ley de Amparo impiden que proceda el juicio de garantías contra adiciones o reformas a la Constitución Federal.
“En tales condiciones, este órgano jurisdiccional advierte que la ley de la materia obliga a desechar de plano la demanda, pues a pesar de las violaciones a derechos fundamentales en las que pudiera estar incurriendo el decreto reclamado, al ordenar la limitación de pensiones otorgadas a personas como la aquí quejosa, el marco normativo que actualmente rige la tramitación y resolución del juicio de amparo ha desprovisto a los jueces de Distrito de cualquier respaldo constitucional, legal o jurisprudencial que permita evaluar la constitucionalidad o la convencionalidad de preceptos de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, en la actualidad, ha sido concebida como una norma fundamental que no puede ser evaluada por ningún ente jurisdiccional a través de ninguna vía legal como la que aquí se propone”, detalla su acuerdo.
Esta y otras resoluciones judiciales aún pueden ser impugnadas a través de un recurso de queja ante Tribunales Colegiados.
CHZ