El Consejo General del INE recibió la advertencia judicial de que aplicarían a cada consejería multas individuales de hasta 50 mil pesos, por incumplimiento a las suspensiones para frenar la organización de la elección de juzgadores, por lo que informaron que seguirán sin sesionar hasta que el Tribunal Electoral determine si puede intervenir y darles una orden definitiva de qué hacer.
MILENIO confirmó que en su primer día de regreso de vacaciones, el Consejo General acordó mantener respuestas conjuntas para replicar a los nuevos ultimátum de los juzgados, a los que les explicaron que desde la primera suspensión que recibieron no han sesionado, por lo que no han tomado ni tomarán más decisiones hasta que quede claro por parte del Tribunal Electoral cómo deben actuar en materia electoral.
Acordaron que también seguirá en pausa la reunión pendiente entre el Consejo General, el Senado de la República y representantes de los tres poderes para avanzar en la organización de la elección, además de que se instruyó a la Secretaría Ejecutiva a seguir la línea de impugnación también en el Poder Judicial para que no haya responsabilidades hacia las consejerías.
A inicios de octubre, ante dos órdenes contrarias, por un lado la nueva encomienda constitucional de organizar la primera elección de magistraturas, juzgados y el pleno de la Suprema Corte, y por el otro 70 suspensiones judiciales que le impedían hacerlo, el INE determinó irse de vacaciones 15 días.
Con lo que, en automático, dejarían de tomar decisiones mientras pedían ayuda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar que revirtieran estas decisiones judiciales que se entrometían en cuestiones electorales, a pesar de que algunas consejerías advirtieron que la Sala Superior no tiene facultades sobre determinaciones de jueces de Distrito, por lo que la demanda se interpuso sin consenso.
Durante el periodo vacacional, se recibieron nuevas notificaciones, algunas con nuevas multas. Por ejemplo, una de las primeras suspensiones de Colima señalaba que si el Consejo General no informaba sobre cómo había cumplido con esta orden, se le aplicaría una multa de 10 mil 857 pesos; ahora advirtió que la multa sería individual de hasta 50 mil pesos para cada consejería por desacatar.
Además de recordarles que se podría incurrir en una pena de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para ocupar cargos públicos.
En reunión privada, el Consejo General también acordó seguir sin instalar la Comisión Especial que aprobaron para la organización de la elección de juzgadores, que presidirá el consejero Jorge Montaño, quien no asistió a la reunión en la que se dieron estos acuerdos, además de las consejeras Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz.
Sin embargo, también determinaron que para no afectar un proceso que deberán crear desde cero y sin reglas claras, las áreas técnicas seguirán haciendo los estudios de lo que se requiere para esa elección inédita, y el área jurídica entregará un informe detallado y ordenado de las implicaciones de todas las suspensiones para que la Secretaría Ejecutiva informe las vías que le quedan al Consejo General para no incurrir en algún delito.
La principal preocupación del Consejo General es tener un blindaje de responsabilidades tanto si continúan con la organización como indica la reforma judicial o, por el contrario, si deben acatar las suspensiones que el resto de los Poderes e instituciones han ignorado.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña tiene a su cargo determinar si la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene facultades para revertir decisiones de juzgados, si mantiene firme el acuerdo del INE para iniciar el proceso electoral judicial o si le da la razón al Consejo de la Judicatura, que reclamó su suspensión.
EHR