Un juez federal desechó el amparo del ex fiscal de personas desaparecidas del estado de Veracruz, Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien impugnó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ordena investigar la tortura y reconocer como víctima al ex coordinador de servicios periciales, Gilberto Aguirre Garza.
La comisión acreditó que Aguirre fue torturado por personal de la Fiscalía General del Estado, que depende de Jorge Winckler, y por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
En mayo de este año, el abogado del ex coordinador de servicios periciales, Jorge Reyes Peralta, declaró a los medios que su cliente fue detenido por venganzas políticas de Yunes y de Winckler, porque no quiso incriminar al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.
Aguirre fue detenido en abril de 2018, por su presunta responsabilidad en la intervención, ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos encontrados en 2016, en el lugar denominado La Barranca de La Aurora, municipio de Emiliano Zapata.
Ahora, el juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, Samuel René Cruz Torres, determinó desechar el amparo interpuesto por Coronel Gamboa, quien por más de dos años fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.
En marzo pasado, Gamboa fue nombrado por Winckler, fiscal regional de la zona centro-Xalapa.
En su demanda de amparo, el quejoso argumentó que no se le dio la oportunidad de ser escuchado y defenderse, lo que representa “una trasgresión a su derecho a la honra y reputación”.
En su resolución, el juzgador citó una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece que es improcedente el amparo contra las recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos, porque las recomendaciones no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas para quien las solicita.
“…dicha recomendación por sí misma no crea, modifica, o extingue una situación jurídica concreta, que beneficie o perjudique al particular, aunque se aduzca que esa recomendación lacere el derecho humano a la honra, porque tal recomendación per se, no altera la situación en la que se encontraba el gobernador, aunque se elabore la recomendación respectiva”.
La recomendación 25/2019, ordena a Jorge Winckler y al secretario de Seguridad Pública Estatal, investigar los actos de tortura cometidos en contra de Aguirre Garza y reconocer su calidad de víctima.
También se le exige establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control de ingresos a los penales de Veracruz; pagar al ex coordinador una compensación; investigar a los servidores públicos involucrados y evitar cualquier acción u omisión que implique una revictimización.