Niegan amparo contra orden de captura de Gonzalo Gil, hijo de Francisco Gil Díaz

El Ministerio Público capitalino investiga al hijo del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Díaz, por disponer de manera indebida de 750 millones de pesos de un fideicomiso; la Interpol ya lo busca en 195 países.

Gil White es buscado en 195 países. (Archivo)
Rubén Mosso
Ciudad de México /

Una juez federal avaló la orden de aprehensión otorgada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para capturar a Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, acusado del delito de abuso de confianza.

En septiembre pasado, la Fiscalía General de la República, en auxilio de las autoridades capitalinas, solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja por lo que Gil White es buscado en 195 países. Contra Gil White existen diversas órdenes de captura.

El hijo del ex secretario de Hacienda promovió una demanda de garantías, pero Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, rechazó concederle la protección de la justicia.

El Ministerio Público capitalino comenzó a investigar a Gil White por presuntamente disponer de manera indebida de 750 millones de pesos de un fideicomiso, lo que provocó un agravio a inversionistas extranjeros.

En dicho delito, se involucra al consejo de administración de la empresa Perforadora Oro Negro, la cual hoy en día enfrenta un concurso mercantil tras declararse en bancarrota. El consejo estaba integrado por José Antonio Cañedo White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Carlos Enrique Williamson Nasi, contra quien existen órdenes de captura.

Además de Perforadora Oro Negro controlaban a Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro.

Los recursos de los que dispusieron pertenecían al Fidecomiso F/1695 de Deutsche Bank.

El juez de control Centésimo Décimo Cuarto del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, libró la orden de aprehensión contra los mencionados.

Como reparación del daño, a Gil White se le exigió, según un dictamen de contabilidad, 160 millones 212 mil 987 pesos.

Sin embargo, la fiscalía capitalina mencionó que es muy difícil que Gil repare el daño; no tiene arraigo en la CDMX; por ello se pidió el apoyo de Interpol.

La juez federal Robledo Magaña indicó en su sentencia, que la orden de aprehensión girada contra Gonzalo Gil no vulnera los principios que rigen el sistema penal acusatorio establecidos en el artículo 20 Constitucional, “pues como acertadamente lo resolvió el juez responsable, en autos se encuentra justificada la necesidad de cautela” ya que “existe la posibilidad” de que Gil evada a la acción de la justicia, dado el monto de la reparación del daño.

Además de que “tiene pendiente de ejecución diversas órdenes de aprehensión, no tiene arraigo domiciliario” y porque se emitió una ficha roja para su captura”.

Gonzalo Gil alegó en su amparo que no está acreditado el delito de abuso de confianza.

Sin embargo, la juez puntualizó: “…es evidente que la orden de aprehensión cumple con los requisitos de forma y fondo previstos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, por tanto, no se vulneran en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales consagrados en la carta magna”.

Antecedentes

Gil White y el consejo de administración tenían bajo su control a Perforadora Oro Negro y a Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, las cuales arrendaban plataformas de perforación a Petróleos Mexicanos.

Oro Negro se vio envuelto en problemas legales en 2018. En ese año, el representante legal de la compañía presentó una denuncia en la entonces Procuraduría General de la República, por la irrupción en sus plataformas marinas Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus.

En la denuncia presentada se menciona que cinco helicópteros privados sobrevolaron por varias horas las plataformas, cuyos helipuertos se encuentran inhabilitados por trabajos de mantenimiento, pero aun así las aeronaves realizaron maniobras de aterrizaje, “con lo que generaron incidentes que pusieron en riesgo tanto a los helicópteros y sus pasajeros como a las plataformas y sus tripulantes”.

La intervención de las plataformas tuvo su origen porque Enrique Cedillo García, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial 9, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, emitió una orden de restitución de bienes a Oro Negro a favor de la empresa Nordic Trustee, una de las compañías a las que se les debe dinero.

​jamj

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