Un juez federal ordenó la inmediata libertad de Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, quienes fueron acusados por la Procuraduría General de la República de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la maestra Elba Esther Gordillo.
Ambos trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continuarán en prisión, por el momento, debido a que todavía enfrentan acusaciones por delitos de defraudación fiscal, delito que no es grave y que pueden enfrentar en libertad.
Funcionarios federales revelaron que el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente declaró fundada la suspensión del procedimiento judicial que promovieron Gallardo y Díaz Flores.
El juez consideró que las pruebas que presentó la PGR en contra de ambas personas, en el caso de lavado de dinero, se obtuvieron de manera ilegal, porque no existió una orden judicial para revisar las cuentas y movimientos financieros de los integrantes del SNTE.
Además de que no existió querella por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública.
De acuerdo con la acusación de la PGR, Elba Esther se benefició con mil 978 millones de pesos, a través de las transferencias financieras que llevaron a cabo tres personas cercanas a ella.
El dinero que presuntamente 'lavó' la profesora, de acuerdo con la PGR, pertenecía al SNTE y lo usó para pago de pilotos, compra de viviendas y cirugías reconstructivas en Estados Unidos, depósitos bancarios en Suiza y en el Principado de Liechtenstein, y para el pago de una tarjeta de crédito American Express.
Tres personas físicas concentraron la mayor parte de estos recursos, según la denuncia: Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe, quien sigue en prisión.
“Isaías y José Manuel son personas trabajadoras que laboraron en áreas administrativas. Es una vergüenza el que los hayan acusado como parte de una puesta en escena, un montaje gubernamental, que cual obra de teatro se exhibió a toda la población haciéndoles pasar como culpables sin serlo. Ellos y sus familias sufrieron de esta farsa que ahora se va cayendo a pedazos por decisiones de distintos juzgadores.”, declaró en un comunicado Marco del Toro, abogado del caso.
La PGR aseveró que ninguno de ellos estaba autorizado para el manejo de los recursos del sindicato, además de que utilizaron cuentas personales.
bgpa