Una jueza de Distrito señaló que las autoridades educativas federales deben someter a “deliberación democrática” los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2024-2025.
Lo anterior, forma parte de la sentencia emitida por Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien frenó la distribución de los libros para el ciclo escolar 2023-2024 y decretó entregar los materiales correspondientes al período escolar pasado.
En su resolución, la juzgadora puntualizó que las autoridades vulneraron el derecho a la educación e interés superior de la niñez, porque no existe certeza de que la educación impartida a los niños, niñas y adolescentes sea acorde con los principios y fines constitucionales y legales.
De acuerdo con el expediente, la juzgadora exhibió el actuar de las autoridades educativas por haber ordenado primero imprimir los libros y posteriormente aprobarlos, sin haber una discusión sobre el tema para su aprobación y después impresión.
“De esta forma, las actividades desplegadas por las autoridades educativas conllevarán a que los planes y programas de estudio no se materialicen y se inobserven los objetivos constitucionales en materia educativa en perjuicio de los educandos; aunado a que deja en inseguridad jurídica a sus destinatarios, pues no se tiene certeza de que la educación impartida a los niños, niñas y adolescentes sea acorde con los principios y fines constitucionales y legales”, indicó.
La juzgadora insistió que las autoridades responsables exhibieron ante el juzgado diversos ejemplares de libros de texto gratuito de primero a sexto año, y pusieron a disposición en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el referido catálogo.
“…pero sin que estuviera vigentes el plan (porque su constitucionalidad está subjúdice) y los programas (no se aprobaron conforme al procedimiento constitucional y legal respectivo, y publicaron previamente a la elaboración de los libros en el Diario Oficial de la Federación y en todos los periódicos oficiales de cada entidad federativa), lo que significa que, incluso al día de la celebración de la audiencia constitucional y del inminente inicio del ciclo escolar (28 de agosto de 2023), no probaron que capacitaron a los docentes de todo el país para que conocieran dicho plan y que integraron dichos planes conforme a las formalidades respectivas (como la propuesta de cada entidad federativa, en su caso, acorde con el proyecto educativo de La Nueva Escuela Mexicana que prevé una educación global, contextual y comunitaria)”, mencionó.
Por este motivo, ordenó establecer una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023, para que estos sean entregados a nivel nacional.
“La determinación anterior, no impide que, previa observancia de las formalidades previstas en la Constitución, leyes y reglamentos aplicables, se sometan a deliberación democrática los referidos materiales para el ciclo escolar 2024-2025; lo anterior considerando la ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto al estudio de la constitucionalidad del acuerdo número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria”, enfatizó.
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