La justicia laboral estatal cerró 2025 con una presión creciente sobre los tribunales, pues mientras el número de expedientes abiertos volvió a aumentar, la capacidad para resolverlos retrocedió frente al año anterior.
De acuerdo con el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (RALABE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los Poderes Judiciales estatales abrieron 130 mil 921 expedientes laborales durante 2025, lo que representó un aumento anual de 7.8 por ciento.
El avance en la recepción de casos contrastó con la caída en los asuntos concluidos, ya que en el mismo periodo se solucionaron 41 mil 116 expedientes, 4.9 por ciento menos que en 2024, según el registro administrativo difundido por el organismo.
La diferencia muestra una brecha entre la entrada de nuevos conflictos laborales y la capacidad de resolución de los tribunales estatales, que al cierre de 2025 mantenían 223 mil 585 expedientes en proceso de resolución.
El caso más marcado aparece en la Ciudad de México, que acumuló una de las cargas más altas del país entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025, pero con una proporción baja de expedientes solucionados frente a otras entidades con volúmenes similares.
En ese periodo, la capital del país registró 51 mil 119 expedientes laborales abiertos, una cifra cercana a los 53 mil 576 del Estado de México, que fue la entidad con el mayor volumen de asuntos registrados ante los órganos jurisdiccionales laborales estatales.
Sin embargo, el contraste aparece en la resolución. Mientras el Estado de México reportó 33 mil 582 expedientes solucionados, la Ciudad de México acumuló 8 mil 863 casos concluidos, una diferencia de casi cuatro veces entre ambas entidades.
La capital también concentró el mayor rezago en términos absolutos, con 41 mil 260 expedientes en proceso de resolución al cierre de 2025, por encima del Estado de México, que reportó 16 mil 560 asuntos pendientes, y de Guanajuato, con 21 mil 242.
El comportamiento nacional ocurre en medio de la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral en las entidades federativas, que desde 2021 muestra un crecimiento sostenido en el número de asuntos que llegan a los tribunales estatales.
El RALABE muestra que los expedientes abiertos pasaron de 16 mil 469 en 2021 a 48 mil 100 en 2022, año en el que se registró uno de los mayores saltos en la operación del nuevo modelo laboral. Para 2023, la cifra subió a 107 mil 186 asuntos.
La tendencia continuó en los dos años siguientes. En 2024 se registraron 121 mil 447 expedientes laborales abiertos y para 2025 la cifra llegó a 130 mil 921, el nivel más alto reportado desde que el Inegi integra esta información administrativa.
Los expedientes solucionados también crecieron desde el arranque del nuevo sistema, aunque con menor fuerza en el último año. Después de pasar de 3 mil 632 casos concluidos en 2021 a 16 mil 697 en 2022, la cifra llegó a 34 mil 325 en 2023 y a 43 mil 218 en 2024, antes de caer a 41 mil 116 en 2025.
El registro también permite observar que la presión sobre los tribunales estatales convive con un incremento en el número de personas juzgadoras laborales. Al cierre de 2025 había 261 juzgadores en la materia, 6.5 por ciento más que en 2024, cuando se reportaron 245.
Del total de personas juzgadoras laborales estatales, 44.8 por ciento eran mujeres y 55.2 por ciento hombres. Jalisco concentró el mayor número, con 30 personas juzgadoras, seguido de Chihuahua, con 28, y el Estado de México, con 21.
Aun con ese aumento, el volumen de expedientes pendientes muestra que la capacidad institucional sigue por debajo de la presión que enfrentan los tribunales. El cierre de 2025 dejó más jueces laborales, pero también más asuntos abiertos y una bolsa nacional de más de 223 mil expedientes en trámite.
Por sector económico, los asuntos laborales abiertos se concentraron principalmente en información en medios masivos, con 27 mil 701 expedientes; comercio al por menor, con 19 mil 954, e industrias manufactureras, con 14 mil 452.
El propio registro advierte que 245 mil 838 expedientes quedaron sin sector identificado, por lo que la lectura sobre ramas económicas debe tomarse con cautela frente al volumen de casos donde esa información no fue reportada o no pudo ser clasificada.
En los tiempos de resolución, el procedimiento ordinario mostró una carga relevante en rangos largos. De los expedientes solucionados por esa vía, 13.2 por ciento se resolvió entre 241 y 365 días hábiles, mientras que otro bloque importante se ubicó entre 61 y 120 días hábiles.
Los procedimientos paraprocesales tuvieron una salida más rápida, ya que 42.1 por ciento se resolvió entre uno y 15 días hábiles. En cambio, los procedimientos especiales individuales y colectivos tuvieron mayor peso en el rango de 241 a 365 días hábiles.
LG