Los juzgadores federal del país solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ejerza sus atribuciones derivadas del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para evitar que se consume la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un escrito firmado por 1100 jueces de Distrito y magistrados de Circuito, y que fue presentado hoy en Washington, Estados Unidos, los juzgadores señalaron que dicha reforma apunta hacia un “golpe de Estado técnico”.
“Al activar este mecanismo del artículo 41 Convencional, no nos mueve un ánimo litigioso de defensa de derechos individuales o de incidencia colectiva: sabemos que no es ésta la vía ni el momento procesal para hacer valer nuestros derechos laborales.Nos mueve el cumplimiento de nuestro deber como poder judicial de defender los derechos humanos y la democracia que los hace posibles y por ello comparecemos ante la CIDH para pedirle que active, hasta el máximo de sus posibilidades, las muy diversas competencias y atribuciones que los propios Estados Miembros de la OEA le han asignado, para evitar que en México se consume la grave ruptura del orden democrático que estamos documentando en este escrito…”, detalla el documento.
En el escrito, refieren que los diálogos celebrados para hablar sobre la reforma, fueron simulados e inútiles, mismo que dieron lugar a un Dictamen, agendado para discutirse hoy en la Cámara de Diputados.
“La reforma judicial bajo examen está cuidadosamente planeada para alcanzar el principal objetivo político que la fuerza política gobernante en México: legitimar el cese de todas las autoridades judiciales que actualmente defendemos los derechos humanos en México y que cada vez les resultan más incómodos para su agenda autocrática.
“La reforma judicial busca deshacerse prácticamente de la totalidad de juzgadoras y juzgadores que actualmente tienen un claro rol de defensores de derechos humanos y reemplazarles por actores institucionales altamente politizados que se deban a las agendas políticas de las mayorías electorales en el poder”, indica el escrito.
Añaden que el cese masivo y total de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los juzgadores federales es una estrategia de anulación del control al poder que se vive actualmente en México
“Este comportamiento autocrático del gobierno federal y sus mayorías legislativas, ha sido paradójica y perversamente disfrazado con un discurso de supuesta ´legitimación democrática´, pero en la realidad envuelve una agenda de concentración total del poder que anula principios esenciales de la democracia representativa interamericana y que configura una ´jugada política´ que consolida un golpe de estado técnico, como ya fue advertido antes”, apuntaron.
CHZ