La magistrada presidenta Mónica Soto advirtió que el Tribunal Electoral resolverá la designación de plurinominales respetando la democracia y el Estado de Derecho, más allá de las amenazas y presiones que ventiló, han recibido a nivel personal, institucional y familiar.
“Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas e incluso amenazas directas e indirectas, personas, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho, así llegamos a este día de frente a la sociedad mexicana para que este pleno debata la imposición del derecho por encima de cualquier otra imposición o expectativa, el estado de derecho debe imperar y la democracia prosperar”.
Previo al inicio de la sesión en la que se resolverá la designación de curules y escaños en el Congreso de la Unión, la magistrada presidenta Mónica Soto emitió un posicionamiento en el que sostuvo que en la pasada jornada electoral del 2 de junio, la ciudadanía decidió a quién darle su voto, y la Sala Superior tiene la obligación de respetarlo basándose en las leyes vigentes.
“Este pleno está obligado a recoger el sentir de las mayorías y blindar que dicho actuar sea acorde con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia. La razón de ser de este TEPJF, lo reitero, es la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana”.
La magistrada presidenta de la Sala Superior recalcó que la decisión que tomará junto con sus pares, debe basarse en la ley más allá de los contextos políticos y sociales.
Y dejó claro que es este Tribunal Electoral el único facultado para resolver en definitiva, la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
“Nuestra Constitución Política establece que este Tribunal es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, hago énfasis en esto, porque de ahí deviene que la decisión de este órgano es estrictamente jurisdiccional dejando de lado cualquier situación política, económica o cultural.
“De los aludidos razonamientos muchos se esgrimen desde la opinión política y otros en consideraciones económicas. Las magistraturas y los equipos de trabajo actuamos con total convencimiento de que la principal labor de este Tribunal es garantizar el acceso a la justicia, respetando la certeza, legalidad, independencia, legalidad, igualdad, máxima publicidad y objetividad”.
Los primeros proyectos que se comenzaron a debatir, son los que están a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña que acumulan las impugnaciones del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano y que propone respalda la decisión del INE, que dio la mayoría calificada a la coalición de Morena-PT-PVEM en la cámara de Diputados y la deja a tres escaños en el Senado.
EHR