La ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que las instituciones no deben ser usadas para obtener legitimación social y mucho menos se debe confundir legitimación con popularidad.
“…es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas, del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social. La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que la ley da a la propia institución”, expresó.
Durante la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Piña Hernández señaló que estar atentos a los cambios en México y en el mundo es parte de su deber como servidores.
“Las instituciones no sólo deben trascender a quienes las integran, también deben evolucionar y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, sin perder la esencia de su origen”, apuntó.
La ministra presidenta subrayó que las instituciones públicas están sujetas a la constante aprobación y, consecuentemente, a la legitimación social.
“No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social”, advirtió.
La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destacó que las instituciones permanecen vigentes frente a la sociedad, sólo si están en permanente evolución.
“He ahí, en el mandato de la Constitución, de la Ley, la misión del Instituto y de quienes aquí trabajan. He ahí nuestra responsabilidad frente a las personas. He ahí los principios que marcan nuestra actuación y, a partir de los cuales, habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social. Pero en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra Institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado -ni debe estar- en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales”, sugirió.
La ministra presidenta comentó que la creación del IFDP reformuló el modelo de defensa pública en nuestro país.
Abundó que, el funcionamiento de este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, a través de personas defensoras en asuntos del orden penal, y de asesoras jurídicas para otras materias, con absoluta independencia técnica y operativa ha sido, no sólo un modelo innovador, sino un verdadero garante del debido proceso y del acceso a la justicia.
También reconoció estar consciente de la dificultad de lo que se les demanda a los integrantes del IFDP.
“No me pasa inadvertido, que la cantidad de trabajo es abrumadora y, por momentos, pareciera que no hay tiempo para construir estrategias; sin embargo, sepan que cuentan con todo el apoyo del Instituto y del Consejo de la Judicatura Federal. Sepan que, desde diversos frentes, trabajamos por impulsar y fortalecer mecanismos que los acompañen en su importantísima y fundamental labor para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los más desfavorecidos”, recalcó.
JLMR