Sin estar obligados a hacerlo, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha trabajado en la publicación general de todas y cada una de las sentencias ejecutadas en juzgados y tribunales de la localidad, registrando un 98 por ciento de avance.
Al participar en el conservatorio digital “La publicidad de las sentencias: Reforma a la Ley General de Transparencia” organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI), José Gutiérrez Flores, consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, hizo hincapié en el trabajo que se ha hecho en la entidad.
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“El Poder Judicial asumió como un compromiso el transparentar la actividad jurisdiccional y lo hicimos desde que se pidió que hiciéramos público las sentencias de interés público. Aquí nos enfrascamos en un problema para determinar eso, por eso en el 2017 decidimos que todas las sentencias, todas, se subieran de forma pública”, expresó.
El consejero refirió que desde el 2017 en el Poder Judicial han trabajado para dar difusión a través de plataformas digitales la labor que han venido desempeñando en las audiencias judiciales.
“No solo es agarrar un montón de datos sin tener un filtro en un portal de internet, porque si bien cumplirías con la ley, no cumpliríamos con lo de ser accesibles, por eso nosotros diseñamos un micrositio donde hay criterios de búsqueda de sentencias”, expresó.
Trabajo que aceptó falta aún por pulir y que se verá reforzado con la nueva reforma que entrará en vigor el próximo año, donde se obliga a los organismos judiciales a hacer públicas las sentencias.
“Estamos al 98 por ciento de subir todas las sentencias, solo falta subir la información de órganos de segunda instancia, sin embargo, llegar a este punto no fue nada sencillo, fue una ruta de tres años”, mencionó.
Dentro de los retos que están por afrontar se encuentra el desarrollar una aplicación en donde el ciudadano común pueda conocer de forma más fácil estos documentos.
Incluso, manifestó que están trabajando para que aquellas sentencias que se consideren importantes estén adaptadas para que sea fácil su lectura y comprensión.
En este mismo foro se contó con la participación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ana Margarita Ríos Farjat; Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Oscar Lugo Serrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; y Bernardo Sierra Gómez, presidente de la COTAI.
Quienes coincidieron en que transparentar todas y cada una de las sentencias emitidas por juzgados y tribunales traerá grandes avances en el estudio de cómo se desarrollan los derechos en México, de este modo y lograr arreglar las áreas de oportunidad que se detecten en el sistema de impartición de justicia.
Presentará COTAI reforma para que se publiquen sentencias judiciales
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI) presentará ante el Congreso del Estado una reforma de ley, con la que obligarán al Poder Judicial del Estado transparentar las sentencias judiciales que emita.
Para lograr que se cumpla con el mandato constitucional que fue avalado en julio por el Congreso de la Unión, el consejero presidente del COTAI, Bernardo Sierra Gómez, adelantó que estarán trabajando en esa propuesta.
Sin precisar fecha en la cual estarían entregando este documento al Poder Legislativo.
“La COTAI estará trabajando en una iniciativa de ley para proponer al Congreso del Estado las adecuaciones respectivas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de esta forma se cumpla con el mandato constitucional”, indicó el comisionado.
La reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, avalada el 29 de julio por los legisladores federales, establece que todas las sentencias de juzgados y tribunales deberán transparentarse en versión pública y no solo aquellas de posible interés público.
Dicha reforma entrará en vigor en el mes de febrero del próximo año, después de ello, los organismos involucrados tendrán un periodo de 180 días para adecuarse a las nuevas normativas e impulsar la transparencia total de las sentencias.