A fin de proteger a los usuarios de futuros fraudes financieros de la banca en línea, la bancada del PRI en el Congreso local presentó una reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuya iniciativa proyecta comprometer a los bancos para que establezcan mecanismos seguros, confiables en transferencias, así como en el comercio electrónico.
Mediante un escrito, Álvaro Ibarra, coordinador de la bancada, indicó que en fechas recientes y a raíz de la pandemia del covid-19 las operaciones financieras en línea se multiplicaron y, por consecuencia, incrementaron las denuncias por cargos no autorizados.
- Te recomendamos Adrián de la Garza propone seguro de desempleo Elecciones 2021
Y aunque no presentó datos, aseguró que cada vez es más frecuente que los clientes de las instituciones bancarias denuncien transacciones no realizadas, y cuando solicitan la nulidad de algún cobro deben demostrar que utilizaron los mecanismos correctos en su plataforma.
“A partir del confinamiento, debido a la pandemia de covid-19, se incrementaron las denuncias de ciudadanos a través de redes sociales, quienes reportaron cargos no reconocidos en sus cuentas de débito, tarjetas de crédito; incluso, algunos usuarios reportaron que sus cuentas bancarias prácticamente fueron vaciadas.
“Como legisladores debemos garantizar la protección de los recursos de los ciudadanos, ya que se encuentran en un estado de máxima vulnerabilidad ante estos fraudes electrónicos que cada vez se presentan con mayor frecuencia”, declaró.
Ibarra apuntó que los propios bancos deberían ser quienes demuestran que los procedimientos fueron los correctos, como lo determinó una Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Es necesario reformar la Ley, a fin de prever con precisión que, ante una solicitud de nulidad de transferencia no reconocida, sea el banco quien deba demostrar que utilizó los mecanismos correctos en su plataforma y, en caso de que no lo pueda demostrar, sea procedente el reembolso de los recursos a favor del afectado”, recalcó Ibarra.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación para analizar la reforma por adición del artículo 59 Bis 2 a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.