La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que la Ley de Amnistía que se aprobó ayer en el Senado podría ayudar a romper el pacto de silencio entre los implicados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia mañanera en Palacio Nacional, la funcionaria destacó que ayer se aprobaron dos reformas de suma importancia para conocer la verdad en varios casos de relevancia para el Estado. A la vez, agradeció a los legisladores por aprobarlas y señaló que ahora pasarán a la Cámara de Diputados para su valoración.
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“Establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado mexicanos. Como en Ayotzinapa, hemos dicho que hay un pacto de silencio, queremos encontrar a los jóvenes, la ubicación, en ese sentido esfuerzo mayúsculo para que puedan aportar aquellos que conocen o que saben donde pudiesen estar”, dijo.
Explicó que la idea de estas iniciativas es contar con un marco jurídico para avanzar y romper el pacto de silencio, con el fin de poder encontrar a los jóvenes.
La segunda reforma que se aprobó ayer tiene que ver con la Ley de Amparo, especialmente con la facultad excedida por parte de jueces y magistrados de detener leyes aprobadas por el Congreso.
Ayer, el Senado avaló con 67 votos el dictamen que otorga al titular del Poder Ejecutivo la facultad de liberar de manera directa, sin sujetarse a ningún procedimiento, a cualquier persona que haya cometido el delito que sea.
Morena y sus aliados legislativos defendieron la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, mientras que la oposición reclamó que esta reforma pone en el centro la figura del Presidente y hace de lado a las víctimas.
La funcionaria dijo que esta propuesta, contrario a lo que señala la oposición, ayudará a resolver casos de interés para el país.
Reformas a la ley de amparo
La funcionaria celebró la aprobación de la ley de amparo, porque ya no permitirá que se ejerza una facultad “excedida” de jueces y magistrados para presentar amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso y que no proceda la suspensión con efectos generales.
“Conocemos varios casos, está el caso de la ley eléctrica, los libros de texto, pero también de las obras. Es decir, si no, no tuviéramos Tren Maya, no habría aeropuerto, no habría ninguna obra de infraestructura porque hay una campaña que hemos denunciado, digamos política incluso por juzgadores que están contra la transformación y han utilizado estos mecanismos para frenar las acciones del gobierno”, concluyó.
Señaló que ambas iniciativas fueron aprobadas y pasan a discusión en el Palacio de San Lázaro, y serán los diputados los que decidan si se hacen válidas.
LP