La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la primera sesión de instalación de la Comisión de Amnistía, en la que nombró como secretaria técnica a Paulina Téllez Martínez, titular de la unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
Durante su intervención inicial, Sánchez Cordero calificó como "histórica" esta primera sesión que, además, fue un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender aquellos que se encuentran en prisión por actos de injusticia o por la falta de una adecuada defensa legal.
"El señor Presidente tiene el firme compromiso de velar por una justicia para todos los mexicanos, ya se una persona indígena que no tuvo una adecuada defensa o bien una mujer que por aborto se encuentra privada de su libertad. Es indispensable atender todas las injusticias que ha pasado el pueblo mexicano y darles un lugar el día de hoy".
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Con la presencia de los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y del Bienestar, María Luisa Albores; así como de los titulares de Inmujeres, Nadine Gasman, y del Instituto Nacional Indigenista, Adelfo Regino, Sánchez Cordero destacó que el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia es una prioridad del actual gobierno. Y sobre todo, que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia sin importar su situación económica.
"Ése es un compromiso que hoy se vuelve realidad", destacó la funcionaria.
En esta primera sesión Paulina Téllez Martínez, titular de la unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, rindió protesta como secretaria técnica al cumplir con los requisitos de tener experiencia en instituciones de procuración y de impartición de justicia, así como de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, tal y como lo establece el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Sánchez Cordero detalló que la Secretaría de Gobernación "coordinará las acciones de reinserción social de las personas beneficiarias y la unidad cuenta con una dirección general para la reconciliación y justicia con la atribución de coordinar con las dependencias de la administración pública federal mecanismos que permitan lograr la reinserción social de las personas que han sido liberadas a través de servicios postpenales, todo esto en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría del Bienestar, Inmujeres y el Instituto Nacional Indigenista".
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