A un año de aprobada la Ley de Amnistía, ninguna persona ha logrado obtener su libertad, por lo que es importante que las personas acusadas por los delitos contemplados en ésta se beneficien de este ordenamiento, dijo Lucía Alvarado, coordinadora del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad.
En las “Conclusiones de trabajo legislativo con Observatorio de Amnistías”, Alvarado se pronunció por modificar el Código Penal Federal para garantizar que otras personas no terminen en prisión por las mismas causas y para que no se vuelva a castigar la pobreza.
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“Sé que la amnistía vendría a contribuir con la pacificación del país y considero que la mejor forma de hacerlo es otorgando la libertad a personas que fueron vulneradas y estigmatizadas durante décadas”, destacó.
En el encuentro, diputadas, defensores públicos y especialistas llamaron a que la justicia sea un derecho y no una herramienta para criminalizar a las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad; homologar la Ley de Amnistía con los códigos Penal Federal y el Nacional de Procedimiento Penales, y sugirieron que los congresos locales aprueben una ley en la materia, pues la gran mayoría son delitos locales.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño, señaló que este esfuerzo fue para allegarse de las opiniones de personas expertas en materia de Derechos Humanos y tener una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales en su armonización con la Ley de Amnistía.
Principalmente en los delitos de aborto, homicidio en razón de parentesco o relación; producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos; rebelión, motín, sabotaje, desobediencia, resistencia de particulares y levantamiento de sellos.
El propósito, añadió, es prevenir que personas en situaciones de vulnerabilidad se encuentren privadas de la libertad y que las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sean sancionadas.
Refirió que el 22 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Amnistía, cuyo objetivo es liberar a las personas que se encuentran presas, que hayan sido procesadas o se les haya dado sentencia, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están sentenciadas.
En sus transitorios, dijo, se precisa que dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de dicha ley, el Congreso de la Unión realizará un ejercicio de revisión de los delitos a que hace referencia este ordenamiento, a fin de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.
Briceño añadió que las legisladoras, en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), “hemos analizado diversas disposiciones que son contrarias a lo establecido en la Ley de Amnistía, cuyos elementos de delito están limitados en el ejercicio pleno de los derechos de las personas, principalmente de las mujeres, al tratar de ejercer derechos reconocidos en instrumentos internacionales”.
Consideró importante solicitar a los congresos de los estados que contemplen una Ley de Amnistía y tengan un mayor compromiso con los Derechos Humanos. Además, mayor coordinación con las instancias del Ejecutivo Federal y de los congresos a nivel local.
La diputada de Morena, Paola González Castañeda, expresó que es preocupante el tema de las mujeres privadas de su libertad; se deben impulsar reformas que ayuden a mejorar las leyes y abonar en la defensa de las personas contempladas en la Ley de Amnistía, principalmente, las mujeres.
Resaltó que lo que ha faltado es la perspectiva de género en la impartición de justicia. “Hoy nosotras hemos pedido que haya jueces y juezas con capacitación en esta materia; la falta de ello, ha generado la criminalización de las mujeres”, dijo.
Su compañera de curul, Lorena Villavicencio, mencionó que a un año de la Ley de Amnistía es aplaudible este encuentro, principalmente por el tema del delito de la interrupción del embarazo, que afecta la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir. “No estamos a favor de las leyes prohibicionistas que lo único que están generando es criminalizar a las mujeres y a la pobreza”.
La diputada del PRI, Mayusa González Cauich, detalló los problemas a los que se enfrentan quienes están en un proceso judicial; refirió que no hay suficientes intérpretes en lenguas indígenas, lo que conlleva a que el afectado no entienda su situación, por lo que se sebe acabar con la discriminación, el racismo y el clasismo.
Por el PT, la diputada Marta Dekker Gómez consideró que el proyecto es necesario porque, a un año de que entró en vigor la Ley de Amnistía, no se ha concretado. Agregó que impulsará que la homologación de la Ley se dé en los congresos locales.
Ángela Guerrero, del Observatorio de Amnistías, expresó que a partir de la aprobación de la Ley en la materia, surgió la idea de establecer un observatorio para dar seguimiento a lo que está sucediendo con las distintas iniciativas de amnistía que hay a nivel local, con la implementación a nivel federal y con los pendientes que teníamos con estos transitorios, y mantener comunicación con las autoridades para ver de qué forma se puede agilizar el proceso.
Lo que está en juego, afirmó, no sólo es la justicia social sino la libertad de las personas que están en prisión indebidamente; se impulsa una propuesta para darle vida al artículo Quinto Transitorio y decir: “por qué razón hay mujeres que están dentro de prisión por haber abortado y por qué hay personas detenidas por un delito menor”.
Además, se abre la posibilidad de cuestionar y repensar el sistema penal e incluso pensar en uno más justo.
AESC