La recién designada como presidenta del Patronato Universitario de la UAEH ha fungido como docente, funcionaria del sindicato, regidora, diputada federal, siempre dentro del Grupo Universidad de Gerardo Sosa Castelán.
Por más de 12 años se amalgamó en el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH) desde donde figuró como secretaria de Asuntos Jurídicos, secretaria del Interior y finalmente Secretaria General del Comité Ejecutivo, puesto que la llevó a la cumbre política.
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De 2009 a 2012 fue regidora en Pachuca durante la administración de Francisco Olvera Ruiz y Geraldina García Gordillo, auspiciada por Nueva Alianza y el PRI, en ese entonces parte de la negociación con Grupo Universidad.
Apenas en agosto pasado, Lidia García alcanzó su jubilación como parte del personal de la UAEH, por lo que culminó su etapa docente, pero no como servidora pública de la casa de estudios.
En la Cámara de Diputados, puesto al que llegó en 2018 con la votación a su favor del distrito de Pachuca, es integrante de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Presupuesto y Cuenta Pública, y Puntos Constitucionales.
Como legisladora federal ha sido una defensora de la autonomía de las universidades públicas del país, en particular desde las finanzas que manejan las casas de estudios.
En 2019, promovió un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para que hiciera pública la documentación que acredite las acciones de prevención y detección de lavado de dinero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
En su actividad también trabajó para revertir la propuesta de facultar a la Secretaría de Hacienda para promover la extinción de dominio de los recursos de cuentas bloqueadas en cualquier caso de personas investigadas o justiciables en México, a propósito del caso de la UAEH, pues dijo que se estaría violentado el reglamento de la Cámara de Diputados.
La reforma a la que se opuso fue la de un procedimiento administrativo para garantizar el derecho de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por presunto financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos asociados con estos delitos.
La reserva presentada por la diputada Lidia García Anaya estipula hasta la fecha que las notificaciones del bloqueo de las cuentas bancarias deberían ser por escrito y elimina la propuesta de facultar a la SCHP para promover la extinción de dominio de los recursos de las cuentas bloqueadas.
Su postura siempre ha sido la del respeto a la legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia, de lo contrario dijo, se dejaría en estado de indefensión a los ciudadanos porque muchas veces son realmente ahorros de ellos y solamente por presunciones, les van a aplicar la Ley de Extinción de Dominio.
“No podemos darle armas a la SHCP que no le corresponden porque para eso está la Fiscalía General de la República (FGR) o las autoridades jurisdiccionales competentes y, así, no se cometan abusos”, insistió García Anaya.
Estudiantes que conforman el Comité de Lucha Universitaria de Hidalgo (CLUH) celebraron la detención de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quienes consideraron que éste “es un momento clave para dignificar a nuestra institución y recuperarla de las manos de un grupúsculo que se ha servido de esta casa de estudios para delinquir y enriquecerse”.