El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, llamó "baboso" al juez José Luis Pecina, quien opinó que los munícipes no tienen facultades para solicitar exhortos o exigir reformas al Poder Judicial.
En rueda de prensa, el presidente municipal calificó de tonteras las declaraciones del juez de Control, ya que como funcionario municipal tiene derecho a opinar.
El juez de Control de Monterrey, José Luis Pecina, dijo que los alcaldes no tienen facultades para solicitar exhortos o exigir reformas al Poder Judicial.
"Yo tengo facultades para exhortar lo que yo quiera, cuando yo quiera y lo que yo quiera, no sé por qué opinan tonteras, es un exhorto de buena fe al tratar de llevar un mejor desarrollo...
"Ahora resulta que no puedo opinar, pues, es un baboso el que dijo eso, con todo respeto", afirmó contundente en la sala de sesiones del Cabildo.
En declaraciones a la prensa, Pecina señaló que lo único que los alcaldes pueden hacer es convocar a algún foro o congreso para detectar áreas de oportunidades del sistema.
Este miércoles, Fernández Garza solicitó al gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, enviar un exhorto al presidente del Tribunal Superior de Justicia para que cubra las fallas que provoquen la liberación de asesinos confesos.
En este tema, el alcalde de San Pedro expresó que aún no ha llegado la redacción elaborada por Manuel González, secretario general de Gobierno, para que los firmen sus homólogos del área metropolitana de Monterrey.
"No, la idea es que se va a firmar por todos los alcaldes y lo estarán elaborando, a mí no me ha llegado, pero sé que lo van a firmar todos los alcaldes, no nada más yo", dijo.
La confrontación inusual entre el alcalde y el Poder Judicial inició cuando el 8 febrero delincuentes confesos y acusados de plagiar y asesinar al empresario sampetrino, Damián González del Río, en 2012, fueron exhonerados por el juez segundo de lo penal, Raymundo Martínez.
Al día siguiente, esta absolución enfrentó al Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia Estatal, ya que mientras el primero defendió la sentencia argumentando que las malas prácticas de los ministeriales permitieron la liberación, el procurador apeló la determinación del juez.
Ello llevó a pedir el alcalde sampetrino la remoción de Carlos Arenas Bátiz, como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien le respondió que sólo cumplió con la Ley.