Luego de que Milenio Monterrey publicara que el gobierno del estado y la Fiscalía General de Justicia mantienen un pleito legal por un adeudo correspondiente al presupuesto 2019, organizaciones especializadas en seguridad y de la sociedad civil señalaron que es preocupante que el fortalecimiento de la autonomía de la fiscalía “es una promesa sujeta a los vaivenes de la voluntad política”.
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En un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de Mesa Metrópoli Monterrey, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y expertos en justicia penal y de Seguridad Pública, hicieron un llamado a las autoridades a evitar medidas extremas de austeridad o recortes financieros.
“No deben caber medidas extremas de austeridad ni recortes financieros dirigidos a éstas actividades. La transformación a la que nuestra sociedad aspira no pasa por modificar las instituciones sólo en el papel, cambiándoles el nombre y continuando con esquemas propios del pasado, donde la procuración de justicia quedaba en el arbitrio de los gobernantes y no en instancias verdaderamente autónomas”, se lee en el escrito.
Agregan que la procuración de justicia debe de garantizarse eficientemente, ya que no invertir en el fortalecimiento de las instituciones públicas significa errar, una y otra vez.
Refieren que el incumplimiento de un mandato constitucional, que se refiere a la autonomía plena de la Fiscalía, es un costo muy elevado tanto para los ciudadanos como para el estado de derecho.
Señalan que, con base a la información proporcionada por las cámaras empresariales, para este año el gasto per cápita en procuración de justicia representa menos de 600 pesos en Nuevo León, por lo que gastar mejor es una exigencia ciudadana que debe traducirse en mejores resultados para las instituciones de justicia y seguridad.
Reconocieron que la Fiscalía que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero mejoró el acceso de la denuncia a través del uso de la tecnología, pues de acuerdo con la ENVIPE 2019, en el 2017 Nuevo León tiene una cifra negra del 93.9% superior al promedio nacional, y para el 2018 la cifra negra se redujo al 91.6%.
Por ello, hicieron un llamado a la corresponsabilidad para construir mejores instituciones que trasciendan a legados.
A las autoridades de Nuevo León a privilegiar el diálogo y la colaboración, antes de la confrontación.
A los legisladores que dentro de sus facultades se asigne en el próximo ejercicio fiscal el presupuesto necesario que asegure a la Fiscalía cumplir con sus objetivos.
Y a la sociedad civil a vigilar el uso y ejercicio de los recursos públicos asignados a nuestras instituciones de seguridad y justicia desde la rendición de cuentas con participación ciudadana.
Por último, manifestaron que sin justicia y combate a la impunidad no habrá paz para la entidad.
Entre quienes aparecen en el documento se encuentran Mesa Metrópoli Monterrey, Canaco, Caintra, Coparmex, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, Cómo Vamos, Nuevo León, entre otros.