Tamaulipas recibió en el primer trimestre del año 120.2 millones de pesos menos de lo que tenía calendarizado por concepto de Aportaciones Federales, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata de aquellos recursos públicos que forman parte del gasto programado y se destinan principalmente a rubros como salud, seguridad, educación, desarrollo social e infraestructura, entre otros.
A la entidad debieron llegarle 6 mil 221.6 millones de pesos hasta marzo, sin embargo, solo cobró $6 mil 101.4 millones, lo que reflejó una diferencia de $120.2 millones.
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Según la Ley de Coordinación Fiscal, las Aportaciones Federales son dineros etiquetados en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan estados y municipios, y a diferencia de las Participaciones no dependen de la recaudación.
Para todo el 2022, se le aprobaron a Tamaulipas 24 mil 028.1 millones de pesos, pero la partida trimestral por un monto de $6 mil 221.6 millones llegó incompleta.
El gasto federalizado es el principal componente de los ingresos de las entidades federativas y municipios al representar, en promedio, el 77.6% y 72.1% de los recursos que entran a las arcas públicas, de ahí que diversos organismos dan seguimiento a su evolución a lo largo del ejercicio fiscal.
Los programas que incluye son el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (Faeb), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (Fasp), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais).
Asimismo, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fafm), el Fondo de Aportaciones Múltiples (Fam) y el Fondo de Nómina magisterial (Fone).
Son fondos cuyo manejo administrativo y ejercicio de recursos está sujeto a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ya que es un dinero etiquetado.
Para esta labor de análisis, el organismo fiscalizador elabora tres paquetes de informes de resultados a lo largo del año y los gobiernos estatales están obligados a comprobar la aplicación correcta de los dineros.
SJHN