Integrantes del Poder Judicial Federal se reunieron con barras de abogados y facultades de Derecho de Estados Unidos, así como con organizaciones no gubernamentales y diversas autoridades regionales, para exponer sus preocupaciones sobre las consecuencias en el corto plazo que tendría la iniciativa, así como plantear acciones efectivas de respuesta ante ello.
En total realizaron tres jornadas de mesas de trabajo en Nueva York y Washington D.C., encabezadas por las magistradas federales Monserrat Cid Cabello y María Emilia Molina, quienes asistieron en representación de la Asociación Nacional de Magistrados y Juzgadores, junto a representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Fundación Konrad Adenauer.
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En entrevista con MILENIO tras dichos encuentros, las magistradas dijeron que el consenso es que el sistema de justicia en México requiere cambios para atacar problemas estructurales, y soluciones como una mayor inversión ante el déficit que hay de jueces y tribunales. Sin embargo, la propuesta que esta semana se discute y votará en el Senado plantea otro enfoque que genera más riesgos que soluciones.
“Una de las charlas fue en la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York donde nos acompañó la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y magistrados. El balance es positivo. Hubo muchas personas que acudieron a la charla y estuvieran interesadas no solo en saber que está pasando y las consecuencias sino en la ruta de acciones que se pueden implementarse”, dijo la magistrada Cid Cabello.
La agenda de encuentros incluyó también una reunión con estudiantes de la escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington D.C.; juntas con diversas organizaciones no gubernamentales como Open Society; y también una reunión formal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la que se están promoviendo ya varios recursos.
El objetivo, explicaron las magistradas, es sensibilizar a distintos actores sobre los impactos de una reforma que, si bien en México se está impulsando desde el oficialismo en pleno uso de sus facultades y atribuciones, en el exterior ya genera dudas por sus posibles afectaciones a principios básicos entendidos no solo a nivel local sino internacional, como el equilibrio de poderes y la independencia judicial.
“Estamos en un mundo globalizado en el que hay un sistema universal de protección de derechos humanos que no permite a ningún país aislarse de esas comunidades internacionales. Y en esas comunidades internacionales hay tratados. México es de esos países que ha firmado todos los tratados de DH por lo que hay compromisos que obligatoriamente deben acatarse” señala la magistrada Emilia Molina.
El foco rojo está en los cambios que pueden impactar el derecho de las personas a acceder a un juicio justo y con operadores independientes. El “principio de progresividad” plantea que las reformas que se impulsen en los países miembros de las distintas convenciones siempre deben apuntar hacia el avance y fortalecimiento de los derechos, pero no a su retroceso.
“Se dialogó con varias organizaciones civiles especializadas en derechos humanos y todas muestran su preocupación; advierten que la situación de México se parece a la de otros países de la región donde los efectivos de este tipo de iniciativas han sido negativos”, añadió la ministra.
En los encuentros hay consenso de las facultades que tiene México a hacer los ajustes que considere necesarios a su propia Constitución como cualquier Estado libre y soberano. Pero lo que las magistradas han expresado a sus interlocutores es que la reforma propuesta atenta contra los principios de dicha Constitución en cuanto a organización del Estado y protección de derechos, lo que la coloca en un escenario de conflicto.
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Posibles juicios y sanciones
En caso de que la reforma sea aprobada, los juzgadores federales recurrirán formalmente a los dos sistemas de los que México forma parte: el de protección de derechos humanos regional que comprende la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y el Sistema Universal de Derechos Humanos ante la ONU y sus disantos organismos.
Por lo pronto, las magistradas Cid Cabello y Emilia Molina confirmaron que ya se solicitó la emisión de medidas cautelares al amparo del artículo 41 del Pacto de San José del que México forma parte, y que contempla la convención de derechos y libertades que deben ser respetados. Lo que sigue es que nuestro país aporte datos sobre los alcances y el procedimiento que se está llevando a cabo y a partir de ello se analice su imposición.
Si la reforma tal cual está planteada logra su aprobación lo que seguirá será la presentación de demandas ante los referidos sistemas bajo el argumento ya referido de posibles violaciones a principios como la independencia e inamovilidad judicial, lo que podría acarrear a México a un juicio y sentencia en las cortes internacionales. Algo que ya ha ocurrido en otros casos.
Lo que es más complejo, reconocen las magistradas, es cómo se podría llevar a México a cumplir una sentencia que, por ejemplo, ordene deshacer los cambios propuestos.
“Todas estas instancias pueden determinar y ordenar finalmente a México que se modifique o dé marcha atrás. Se puede dar esa orden, aunque lo que no hay un mecanismo es para forzarlo. Pero tanto la ONU y CIDH si pueden juzgar a México porque México les dio facultades al firmar tratados, y hay facultades para sancionarlo. Lo pendiente es lo quien lo va a cumplir”, señalaron.
Otra vía distinta pero más tangible e inmediata es la relacionada con acuerdos comerciales de México y en específico el T-MEC. Si bien le corresponde a los socios comerciales (Estados Unidos y Canadá) promover juicios o arbitrajes internacionales, lo que están haciendo los juzgadores mexicanos en los encuentros es sensibilizar a actores de esos países respecto a sus alcances y riesgos.
Además, en el caso de Estados Unidos se ha puesto especial énfasis en los recursos que durante los últimos años dicho país ha canalizado a México para, por ejemplo, la capacitación de los jueces del sistema penal acusatorio el nuevo esquema de justicia laboral, inversión que ahora podría perderse ante la posibilidad de que esos operadores del sistema de justicia se queden sin trabajo.
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¿Y si no se aprueba? El plan C de los jueces
Aun cuando la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador no prospere en el Senado, las magistradas señalaron que a nivel nacional e internacional existe consenso sobre la necesidad de establecer reformas al sistema de justica en México que permitan abatir los niveles de impunidad y de corrupción.
Para ello ya se dieron planteamientos iniciales, Emilia Molina subrayó que de entrada cualquier reforma que busque atacar el problema estructural debe incluir a las fiscalías y policías. Sin ello, considera que solo se tendrán aparentes soluciones aisladas que no tendrán mayor impacto para los ciudadanos.
Y en lo que concierne al Poder Judicial en específico la apuesta debe ser de mayor inversión, pero no para salarios, sino para la construcción de más juzgados que permitan atender las cargas de trabajo, materia en la que nuestro país se encuentra rezagado de forma significativa.
“En México a nivel federal solo tenemos 1.3 jueces por cada cien mil habitantes. Y en la región tenemos a 18 jueces por cada cien mil habitantes. Faltan jueces y todo el equipo de un juzgado. No es solo que nombres jueces y los pongas todos en un mismo lugar porque se necesita estructura para ello en todo el país” dijo la magistrada.
Datos de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derechos aportados en las mesas de trabajo internacionales muestran que México invierte menos del uno por ciento del total de presupuesto del Estado en el Poder Judicial de la Federación, cuando los estándares internacionales aconsejan que la inversión, como mínimo, debe ubicarse en un rango del 2 al 6 por ciento.
La magistrada Cid Cabello planteó que también debe existir una mayor inyección de recursos en las defensorías públicas, tanto federal como locales, que permitan fortalecer la representación jurídica de las personas tanto en calidad como en cantidad de tiempo. mismo esfuerzo que debe hacerse con comisiones de víctimas y tribunales autónomos.
“Y en el tema disciplinario que se ha criticado sí tiene que revisarse la parte del Consejo de la Judicatura sin duda, pero no porque lo que esté no sirva de nada. Hay sobrerregulación. Hay que mejorar sistemas de presentación de denuncias y de rendición de cuentas. Eso se puede hacer desde legislaciones secundarias”, dijo la magistrada Molina.
aag