El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, promovió un amparo con el cual pretende evitar que su residencia de Lomas de Bezares no pase a formar parte de los bienes del Estado, a través de la extinción de dominio.
El amparo fue presentado el 10 de junio de este año, pero Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, aún no determina si lo admite a trámite.
En mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, abrió la puerta para que la Fiscalía General de la República (FGR) transfiera a la Federación la residencia que se localiza en la Ciudad de México.
El Tribunal revocó la resolución dictada en primera instancia, misma que puso freno a las intenciones de la FGR.
La FGR asegura que Emilio Lozoya recibió 3.4 millones de dólares, a través de su hermana Gilda Susana, recursos que provienen de parte del ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, a cambio de que Pemex adquiriera la planta chatarra de Agronitrogenados.
Sin embargo, en noviembre de 2023, Ana Lilia Osorno Arroyo, jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en toda la República Mexicana, declaró improcedente la acción de extinción de dominio.
La juzgadora consideró que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva al ex funcionario.
Lo anterior, porque Emilio Lozoya compró la propiedad en 2012, por 38 millones 175 mil pesos, época en que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no era contemplado para la extinción de dominio.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio fue publicada el 9 de agosto de 2019, es decir, en el presente sexenio, y contempló por primera vez que, en los delitos de lavado de dinero, sí procedía la extinción de dominio.