En una esquina de la Plaza de la Constitución, a un costado de Palacio Nacional, se erige sobre un terreno de siete mil metros cuadrados un palacio de acero y concreto recubierto de cantera labrada. Su estilo art déco, ese que se puso muy de moda en la primera mitad del siglo XX para reflejar opulencia y sofisticación, delata que no rebasa los 100 años. Para ser exactos, cumplió 83 el pasado 2 de junio de 2024.
Al centro de la fachada de la calle Pino Suárez, en el número 2, destaca un balcón con un labrado del escudo nacional y, más abajo, el pórtico de ingreso en bronce pulido, cuyo dintel lleva impresa una leyenda que deja claro a todo el que camine por ahí a quién pertenece el majestuoso recinto: a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El edificio, obra del arquitecto Antonio Muñoz García, es la sede y segundo hogar de los once ministros que dan forma a la Suprema Corte, el máximo tribunal y cabeza del Poder Judicial que en meses próximos podría verse reconfigurado por completo, de aprobarse la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, el multicitado Plan C. Y aunque desde allí la élite de los ‘juzgadores’ sesiona y discute los asuntos jurídicos más importantes, esta joya arquitectónica representa apenas una pequeña fracción de un patrimonio más cuantioso a su cargo, que se acerca a los 4 mil millones de pesos, entre bienes raíces y mobiliario.
El inventario es tan diverso que además de 93 inmuebles —incluida la sede central— abarca desde vehículos blindados hasta cámaras de video, murales, hornos industriales y unidades dentales.
Refleja que los llamados “guardianes de la Constitución” no solo se caracterizan por ganar más que el presidente de la República, gozar de prestaciones doradas o disfrutar en cada Navidad de aguinaldos de más de medio millón de pesos. Un trabajador con el salario mínimo tardaría (si ahorrara) seis años y medio en reunir esa suma.
También son los que se desplazan para su máximo confort en flotillas de camionetas VIP, reposan en mullidos sillones ergonómicos de más de 30 mil pesos y elaboran sus proyectos de sentencia sobre escritorios de madera de estilo Chippendale —mezcla entre rococó, neoclásico y barroco— de más de 100 mil pesos, según revela el inventario de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio de la SCJN.
Para Javier Hurtado, profesor investigador de El Colegio de Jalisco, este listado de bienes de lujo habla de un Poder Judicial que se ha vuelto “incontrolable” so pretexto de una mal entendida autonomía.
“Ellos venden esa idea de que son autónomos e independientes y que, si tú los tocas con el pétalo de una rosa, es una agresión a la división de poderes… Eso ha traído como consecuencia que se conviertan en un ‘suprapoder’ o incluso en un ‘contrapoder’.
Entonces nadie los puede controlar, ¡absolutamente nadie!, porque aparte de que venden esa idea, [los ministros de la Corte] la ejercen a su máxima expresión. [...] Y hay otros casos en que son definitivamente descarados, como con sus fideicomisos, que resolvieron a su favor siendo juez y parte”.
El inventario más actualizado, consultado por DOMINGA, está disponible en los anexos de la Cuenta Pública 2023.
El inventario de la Corte
Afuera de la sede que resguarda a los ministros y sus lujos, a un costado de la entrada principal, en una pequeña carpa improvisada con lonas rojas, acampa Rigoberto Gutiérrez desde hace más de dos años. No han dado ni las 10 de la mañana y este hombre de cabello cano y anteojos toma un altavoz para exponer las razones por las que, a su juicio, debe hacerse una limpia general en todo el Poder Judicial.
Tiene 68 años pero la potencia de su voz irradia juventud. Habla de privilegios, sueldazos y excentricidades de la Corte.
—Tienen dinero para hacer mejoras a sus casas, les pagan sus celulares, tienen camionetas, viajes ilimitados al extranjero, seguros de gastos médicos mayores…
Rigoberto continúa la exhaustiva lista, hace una pausa, y luego remata:
—Yo fui trabajador del Estado, y si ellos son trabajadores del Estado, ¿por qué tienen todos esos privilegios? La Constitución es muy clara: no existimos mexicanos de primera, de segunda o de tercera, todos somos iguales ante la ley.
Cita de memoria artículos, leyes secundarias, reglamentos y hasta números de expedientes judiciales. Conoce de recursos legales, etapas procesales, audiencias. La jerga jurídica que maneja haría pensar que se trata de un abogado, pero es un maestro de secundaria técnica oriundo de Sinaloa, que desde hace cuatro décadas ha tenido que pasar por el proceso desgastante de acudir a los tribunales para defender sus derechos laborales y los de su hermana ante un sistema que, en su experiencia, favorece a quien tiene dinero y poder.
—Soy profesor de Matemáticas y ellos me hicieron abogado, ellos mismos de tanto golpeteo de 40 años, esos que intentaron correrme de mi institución.
El docente ve en la Suprema Corte el símbolo de todo lo que está podrido en el Poder Judicial y ha decidido mantenerse en su campamento hasta que ese poder comience a caer, pues lo que él vivió “es lo que vive la inmensa mayoría a lo largo y ancho del país”.
Los elementos del Servicio de Protección Federal rodean las cuatro calles que forman el perímetro del recinto: Pino Suárez, Corregidora, Erasmo Castellanos y Venustiano Carranza.
Algunos vendedores ambulantes se han colocado en torno al edificio para ofrecer sus productos —manitas para rascar la espalda por diez pesos, dulces regionales, calzones—, pero tan pronto llega la policía de la Ciudad de México, levantan con rapidez su puesto a fin de que no les vayan a decomisar la mercancía.
Esta mañana de julio, casi no se percibe movimiento de personal del Poder Judicial, un guardia de seguridad señala que están de vacaciones. Lo que sí abunda son las mantas con consignas en contra del máximo tribunal: “La Suprema Narco Corte de Injusticia de la Corrupción”, “La Corte Imperial”, “Por el bien de los mexicanos les exigimos que acepten el Plan C, ministros corruptos y vividores” son algunas de las frases que acompañan a las fotografías de los once ministros. Rigoberto presume que él colgó algunas de esas mantas.
Y frente al pórtico de bronce permanece todavía un antimonumento colocado en agosto de 2022 por familiares de las niñas y los niños que murieron o sufrieron quemaduras en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace 15 años en Hermosillo, Sonora: 49 cruces que reclaman todos los días al Poder Judicial la deuda que tienen con las víctimas.
Puertas adentro la cosa es diferente. Este inmueble histórico no solo aloja oficinas y salones de sesiones, también cuenta con un valioso patrimonio artístico abierto al público que incluye desde murales de artistas de la talla de José Clemente Orozco hasta una galería de cuadros al óleo de quienes lo han presidido a lo largo de la historia. El más caro, el de Benito Juárez, elegido magistrado en 1858, tiene un valor de 313 mil pesos.
Incluido el edificio de Pino Suárez, la SCJN posee otros 92 bienes inmuebles que representan un valor de mil 840 millones de pesos. Mientras que su inventario de bienes muebles consta de 873 mil 481 objetos —desde libros hasta camionetas blindadas— que suman mil 970 millones. En total, la institución ostenta un patrimonio valuado en 3 mil 810 millones de pesos. Esta cifra, sin embargo, no incluye las propiedades que pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para ponerlo en contexto, el inventario de la Corte, al cierre de 2023, representa dos terceras partes de todo su presupuesto ejercido durante ese año (que fue de 5 mil 488 millones de pesos).
Cruel ironía de la vida —y de la política—, el día en que la SCJN celebró el aniversario número 83 de la sede principal, el 2 de junio de 2024 será recordado en los futuros libros de la historia como la fecha que marcó el inicio del fin de este tribunal, tal como se conoce hoy.
Ese día los partidos que conforman la Cuarta Transformación (Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México) arrasaron en las elecciones federales, al punto de casi asegurar la mayoría calificada que el presidente López Obrador necesita en el Congreso para aprobar su iniciativa constitucional que dará forma a un nuevo Poder Judicial, aparentemente más austero y menos corrupto. O al menos esa es la promesa.
Si la iniciativa avanza tal cual está planteada en el próximo periodo parlamentario, que arranca el primero de septiembre, en 2025 se estarían renovando por voto popular todos los cargos a ministros de la Suprema Corte, que pasaría de 11 a 9 integrantes; se reducirían sus salarios para que ninguno gane más que el titular del Ejecutivo Federal y se eliminarían sus pensiones vitalicias, entre otros cambios.
López Obrador ha expuesto en sus conferencias matutinas los privilegios que existen en lo que él ha llamado una “oligarquía corrupta”. El 4 de julio de 2023, por ejemplo, mostró una lista de 40 privilegios que tiene cada ministro, destacando dos vehículos blindados tipo Suburban que pueden pasar a su propiedad tras su jubilación, fondos para comer en restaurantes de lujo, tres equipos de cómputo e impresión, seis teléfonos celulares de alta gama y tres iPads con servicio de internet ilimitado.
En conferencias posteriores añadió otros apoyos que rayan en la obscenidad como 90 millones para anteojos, 282 millones en escoltas y hasta 50 millones para el festejo del Día de la Madre y el Día del Padre. “Todo eso es lo que se va a revisar con la reforma y van a haber ahorros importantes, porque todo esto, no se olvide, es dinero del presupuesto público, es dinero del pueblo”, dijo el mandatario el 8 de julio.
Javier Hurtado confía en que la reforma judicial, de avanzar, resuelva la mayor parte de los problemas de corrupción y excesos de los juzgadores.
En el otro extremo, para los detractores de la 4T, la reforma no busca erradicar la corrupción del aparato judicial ni privarlo de sus lujos y excentricidades, sino purgar, capturar y 'obradorizar' al poder que hasta ahora había sido un dique de contención para frenar las iniciativas más polémicas del presidente y de su movimiento guinda.
No todos los ministros son detractores de AMLO. Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, que llegaron al máximo tribunal a propuesta del tabasqueño, son más proclives a la 4T. Mientras que los votos de Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara y, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña han sido generalmente en contra del obradorismo.
Camionetas blindadas, retratos y murales
–Aquí en el cuadro, en una orillita, pero no importa que esté en la orillita, está el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, que decía que había que vivir en la justa, en la honrosa medianía –recordaba el diputado Gerardo Fernández Noroña, durante su participación en el tercer foro de los Diálogos Nacionales sobre las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, el 2 de julio.
Desde el Poder Legislativo del Estado de México, en Toluca, y teniendo de fondo un mural en el que aparece el Benemérito de las Américas, el legislador prosiguió:
—Yo escuché argumentos en contra de la austeridad, inclusive de los ministros de la Corte, y casi me convencieron. Y cuando los vi salir con el aparatazo de camionetas blindadas, de un policía abriéndoles camino, entonces dije: ‘algo no está funcionando bien’.
En efecto, el inventario de la Corte incluye una flotilla de, por lo menos, 86 vehículos como sus bienes más suntuosos. Destacan once camionetas Chevrolet Suburban 2021 cada una con valor de 3 millones 273 mil 240 pesos y otra modelo 2019 de 2 millones 651 mil 280. Hay versiones más económicas de estas camionetas que pueden adquirirse en el mercado, desde 1.5 millones de pesos.
También figuran once camionetas Grand Cherokee 4x4 Limited Advance de 922 mil 560 pesos, una Ford Explorer Sport 4WD de 835 mil 913 pesos y un auto Bora Protect con motor Turbo 2.0L, de la marca Volkswagen, con precio de 770 mil. En el listado aparecen veinticinco blindajes que suman un total de 31 millones 600 mil 720 pesos.
Si bien la SCJN cuenta con un vasto mobiliario para todos sus trabajadores, el inventario indica que hay bienes asignados específicamente al servicio de los ministros, los once que están en la cúspide de los juzgadores federales conformados por jueces y magistrados. Para las oficinas de tan selecto grupo, el listado muestra 64 sillones ergonómicos —que se adaptan a la postura de quien se sienta— que van de 7 mil 360 hasta 36 mil 961 pesos, y diecinueve sillas de 9 mil 647 pesos cada una.
No podían faltar los lujosos escritorios de madera, algunos de estilo Chippendale, de elegante decoración y ornamento que recuerdan a la glamurosa Inglaterra de los siglos XVIII y XIX. El inventario contabiliza veintiséis piezas, el más ostentoso alcanza los 171 mil 673 pesos. Y el menos caro, 23 mil 540. Por si no fueran suficientes los sillones, las sillas y los escritorios, los ministros también tienen a su disposición dieciséis mesas de madera para tener juntas que van de los 31 mil 229 a los 62 mil 192 pesos.
El máximo tribunal del país además posee 37 cámaras de estudio para televisión, siendo la más cara de 5 millones 079 mil pesos. Los equipos se utilizan para transmitir las sesiones del Pleno y para su canal de televisión, Justicia TV (antes Canal Judicial). A ello hay que sumar veintinueve cámaras de video, algunas con valores superiores a los 700 mil pesos, y 63 videograbadoras de diferentes modelos que van de los 9 mil hasta los 880 mil pesos.
Otros bienes que resaltan son un escáner de 837 mil 998 pesos, cinco hornos combi (que se usan para cocinar en grandes cantidades) que van de 107 mil a 783 mil pesos y tres unidades dentales de 179 mil, 292 mil y 727 mil pesos, respectivamente.
Los murales de la sede de Pino Suárez no podían faltar en el patrimonio de la Corte, el inventario contempla más de 40, siendo 5 los más caros. El que destaca —por su valor de más de 10.3 millones de pesos y por su crítica cruda a la justicia en el mismo corazón del Poder Judicial— es Un clamor por la Justicia. Siete crímenes mayores, del muralista Rafael Cauduro.
Cada vez que los ministros suben por la escalinata principal de ese palacio se ven obligados a contemplar, a lo largo de sus tres niveles, una serie de paneles con escenas dramáticas que recuerdan la manera imperfecta en que se imparte la justicia en México y los siete crímenes que comete o permite el poder: la tortura, la violación, la desaparición, los procesos viciados, el asesinato, la prisión y la represión.
El mural formó parte de un proyecto artístico que comenzó en 2005, en el que la Corte convocó a artistas a competir por adornar con su talento los muros de su sede con el tema ‘Historia de la Justicia en México’. A cada ganador se le asignó una de las escalinatas ubicadas en cada una de las esquinas del edificio y se le dejó en completa libertad definir el contenido ideológico de su obra.
Al muralista Cauduro le correspondió la escalera sureste, considerada la principal por ser la que usan los ministros cuando suben a sesionar, o representantes de los otros Poderes de la Unión cuando tienen asuntos que tratar con ellos.
De este proyecto también surgieron los murales La justicia, de Luis Nishizawa (con valor de 6.9 millones de pesos), en la escalinata norponiente; Todo movimiento social es justicia, de Leopoldo Flores (6.9 millones), en la surponiente, y La búsqueda de la justicia, de Ismael Ramos (7.3 millones), al noreste, todas en el inventario de la SCJN.
También está el mural conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, de Santiago Carbonell (8.1 millones), pintado en el marco de las fiestas patrias del año 2010.
Entre las obras artísticas figuran además 41 retratos al óleo de juristas prominentes y personajes que han encabezado el Poder Judicial de la Federación a través de la historia. La galería incluye los rostros del abogado Andrés Quintana Roo, protagonista de la Guerra de Independencia de México; del promotor del juicio de amparo, Mariano Otero, y de los ministros presidentes más recientes como Luis María Aguilar (58 mil pesos) y Arturo Zaldívar (69 mil 600 pesos). Estos últimos, encargados al pintor Ricardo Fernández Ortega.
El inventario al cierre de 2023 no enlista alguna pintura de la actual titular, Norma Piña.
Casi 100 inmuebles en el país
La Corte tiene bajo su control 93 inmuebles en todo el país. El más caro es el conjunto de dos edificios de oficinas administrativas en Boulevard Adolfo López Mateos 2321 y 2323, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México, y que actualmente usa el Consejo de la Judicatura Federal. El primero tiene valor catastral de 372 millones 355 mil 573 pesos y el segundo, 88 millones 520 mil 260. En suma: 460 millones 855 mil 833 pesos.
La segunda propiedad de mayor cuantía es el edificio sede, en el Zócalo de la capital. De acuerdo con el inventario, el inmueble está valuado en 207 millones 013 mil 470 pesos.
En tercer lugar, un predio que el máximo tribunal adquirió en 2006 con la intención de convertirlo en su nueva sede, en la calle Chimalpopoca 112, también en el Centro. Al final, después de una serie de irregularidades, el espacio de más de seis mil metros cuadrados se destinó a construir una guardería y un estacionamiento para los empleados del Poder Judicial. De acuerdo con el inventario, su valor es de 194 millones 783 mil 930 pesos.
Después está el edificio que ocupa el canal Justicia TV, en República del Salvador 56, valuado en 88 millones 763 mil 727 pesos. Y en quinto sitio, el edificio alterno de la Suprema Corte ubicado en la calle 16 de septiembre número 38, también en el Centro Histórico, de 75 millones 700 mil 787 pesos.
Su propiedad más barata es un terreno en Toluca con valor de 114 mil 791 pesos.
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El día que se inauguró el edificio de Pino Suárez, el 2 de junio 1941, el entonces ministro presidente, Salvador Urbina y Frías, destacó que este había nacido con el pie derecho al reunir por primera vez a los tres Poderes de la Unión en un albergue digno “de la majestad del Poder Judicial”.
A 83 años de ese evento, la relación entre la Corte y Palacio Nacional está prácticamente rota y, si nada detiene la reforma de López Obrador, los actuales inquilinos tendrán que hacer pronto sus maletas y decir adiós a sus instalaciones glamurosas, sus camionetas blindadas, sus escritorios ingleses y sus sillones finos.
Ese día también el maestro Rigoberto levantará su campamento, esperando que los nuevos ministros estén a la altura de las circunstancias. Mientras llega ese día, seguirá apostado afuera del recinto, con su carpa, sus mantas y altavoz en mano.
—Dicen que lo que no mata fortalece. Aquí seguiré en la lucha hasta no ver realizado el nombramiento de nuevos jueces, magistrados y ministros.
Y a los nuevos inquilinos les advierte:
—Aquí voy a estar si no hacen su trabajo, el pueblo pone y el pueblo quita.
GSC/CMOG