Un juez federal modificó la medida cautelar impuesta a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, luego de tres años cuatro meses y 28 días de prisión domiciliaria, por lo que podrá salir de su domicilio. La mujer es procesada por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por el caso Odebrecht.
Gilda Margarita, de 75 años, portará ahora un brazalete electrónico que ella misma deberá cubrir y contará con un plazo de tres días hábiles para que una empresa privada se lo coloque, y en en caso de no conseguirlo, tendrá hasta el próximo 10 de abril para hacerlo.
Asimismo, no podrá abandonar la Ciudad de México y contará con vigilancia policiaca permanente afuera de su domicilio, uniformados que están autorizados a seguirla en cada momento.
Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, tomó dicha determinación con base a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por México en Washington el 15 de junio de 2015, y la cual fue incorporada al orden jurídico nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2023.
Durante una audiencia de más de 11 horas, el juzgador sorprendió a los agentes del Ministerio Público Federal y a la defensa, porque no tomó en cuenta sus alegatos y citó la convención, así como criterios emitidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e hizo referencia a tratados internacionales firmados por nuestro país.
La mencionada convención establece que los adultos mayores tienen derecho a tener una vida libre de violencia y de maltrato.
Alarcón López consideró que las condiciones de la medida cautelar impuesta a la mujer el 2 de noviembre de 2019, tras ser vinculada a proceso, han cambiado por su edad, y porque lleva más de mil días en prisión domiciliaria, además porque su proceso aún se puede alargar y de mantener el resguardo se convertiría en una pena inusitada.
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Puntualizó que la FGR “no tiene la garantía de que va a ser condenada, ni la defensa de que va a ser absuelta.
El fiscal Manuel Granados advirtió que existe riesgo de fuga, debido a que cuenta con los recursos económicos para hacerlo, y porque durante años ha viajado a países como Singapur, Sri Lanka, Emiratos Árabes, Camboya, Tailandia (nación con la que México no tiene tratado de extradición), Alemania, Inglaterra y Japón.
Por su parte, la defensa de la mujer encabezada por Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, ofrecieron un diagnóstico que expuso el perito en psiquiatría Julio César Ayulo González, quien aseguró que el encierro de Gilda Margarita y la situación legal que enfrentan su hija, nuera e hijo, han minado su salud física y mental, la cual se podría agravar por su estado de aislamiento, aunque aceptó que ella misma ha decidido no convivir con más personas pese a que puede hacerlo en su domicilio.
El perito respondió a las preguntas de los fiscales y dijo que cuenta con cursos en los últimos 10 años, como de psicoterapia conductual, en Nueva York; otro en el Reino Unido y uno más en Roma, denominado “oración y vibración del alma”, relacionado con el exorcismo, respuesta que después provocó la ironía del fiscal Manuel Granados, quien dijo que se les “enchinó la piel”.
Ayulo González mencionó que existen elementos para que Gilda Margarita pueda desarrollar síntomas de demencia al punto del perder el contacto con la realidad, e incluso al punto de tratar de desarrollar intentos de suicidio, pese a que convive con su esposo, su servidumbre y una mascota.
Sin embargo, el juez desestimó el diagnóstico, así como los argumentos de la fiscalía, en el sentido de que cuenta con los recursos económicos para evadir la justicia, ya que sería generar una discriminación por sus ingresos y mucho menos se puede prejuzgar por los viajes que le hayan pagado.
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