Al comparecer ante comisiones, la candidata a ministra, Ana Laura Magaloni, demandó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asuma su papel histórico de órgano de pacificación y ponga límites al ejercicio del poder, para asegurar que el impulso del cambio social no desborde los cauces constitucionales.
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Durante casi tres horas, la académica sostuvo que hoy en día México es un país partido, atravesado por la desigualdad, por el privilegio, por el conflicto y por la incertidumbre. Azotado por la violencia y la corrupción, “es decir, por la arbitrariedad de la ley del más fuerte. Un México partido, en el que la justicia lleva demasiado tiempo torcida”.
Aclaró que a la SCJN no le corresponde definir la política pública, pero el Estado tiene que recuperar el espacio que han ocupado la violencia y la corrupción y en ese contexto el máximo órgano jurisdiccional debe ser accesible a la justicia de los mexicanos.
“Necesitamos, más que nunca, un árbitro creíble, legítimo, imparcial. Necesitamos una Corte que pacifique, nos pacifique, que nos explique, que nos convenza, que entienda bien el contexto social y político en el que estamos inmersos”.
Ante la Comisión de Justicia, Magaloni dijo que ella no va por un salario y está dispuesta a reducir el ingreso que se le pague como ministra. Se pronunció a favor de despenalizar el aborto y la cannabis como ya lo hicieron Estados Unidos, Canadá y otros países, pero dejó en claro que ese tema lo deberá legislar el Congreso.
Dijo que todos los procesos de cambio generan tensiones y producen conflictos, por lo que la Corte debe asumir un papel histórico, al asumirse como un árbitro creíble, legítimo e imparcial.
En su opinión, hay un país exaltado, polarizado, con tantas emociones y tragedias a flor de piel y mencionó el caso de Abril, de los Lebarón y de los 43 de Ayotzinapa, que reclaman respuestas y aclaraciones.
Ofreció a los senadores que en caso de ser electa, trabajará en dos grandes ejes: acceso a la justicia a millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley y en poner límites al ejercicio del poder.
Explicó que limitar el ejercicio del poder implica armonizar la Constitución con la democracia.
“A la Suprema Corte no le toca definir la política pública ni la dirección del cambio social, eso compete exclusivamente a los poderes que cuentan con la legitimidad que proviene de las urnas. A la Corte, sólo le compete asegurar que el ejercicio del poder no desborde los límites que establece la Constitución”.
Diría que la atención entre Constitución y democracia hoy es más evidente que nunca, pues desde 1997 ningún partido en el poder había conseguido mayorías legislativas tan amplias.
“Uno de los desafíos más relevantes que enfrentaré en caso de ser ministra, será participar en la deliberación sobre cuándo se está frente a un límite constitucional y cuándo no, qué decisiones les corresponden a los poderes electos y cuáles están fuera de su alcance”.
Ante los senadores, Magaloni apuntó que el poder de la Corte no sólo estriba en su capacidad de poner límites, también sirve para dar legitimidad constitucional a las decisiones de los poderes electos.
Por ello advirtió que las sentencias tendrán que ser muy claras, imparciales e impecables para no generar incertidumbre jurídica.
En el combate a la corrupción, aseguró que el SAT y la Comisión Nacional Bancaria son insumos sin los cuales no puede dar con el dinero, “pero si tú quieres saber a dónde se fue ese dinero, cómo se movió y, lo más importante, si acabó en manos de particulares necesitas esos datos y no son accesibles por las fiscalías locales”.
Acusó que desde la SCJN, el ex ministro Eduardo Medina Mora “redujo la capacidad para acceder a ellos. Sin éstos, la persecución de la corrupción es una carátula".
Con información de Silvia Arellano.
kvd