El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que confirma un total de 98 ilícitos cometidos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 15 gobernadores de Morena durante el proceso de revocación de mandato, desatendiendo los llamados del INE.
Ante ello, propone generar nuevos lineamientos con sanciones que lleven incluso a perder el modo honesto de vivir, lo cual les prohibiría participar en cargos públicos.
El proyecto que se votará la próxima semana deja claro que se demostró un evidente “quebrantamiento al orden jurídico” por parte de los titulares del Ejecutivo de Morena; PES, en el caso de Morelos, y Partido Verde, en San Luis Potosí, durante el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López obrador.
En 155 páginas, el magistrado exhibe un centenar de publicaciones de cada uno de los implicados, en los que incurrieron en dos ilícitos distintos: difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido y propaganda personalizada en la mayoría de los casos, a favor del Presidente.
Esta resolución incluye el análisis del desplegado que los mandatarios difundieron en apoyo al Presidente por el posicionamiento respecto a la resolución del Parlamento Europeo.
Pero también decenas de publicaciones en redes sociales en las que durante los meses del proceso de revocación de mandato se violó principalmente el artículo 134 constitucional.
Las publicaciones destacan logros de sus gobiernos como obra pública, inauguraciones, supervisiones, programas de apoyo a la sociedad, proyectos de infraestructura, entrega de apoyos, firmas de inversiones, equipamiento, rescate de espacios públicos, visitas a la población como tipo mítines, anuncios de proyectos o datos sobre disminución de seguridad, operativos de prevención o detenciones que no entran en las excepciones de propaganda gubernamental para este periodo.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lidera la lista de infractores con un total de 16 ilícitos, seguido de Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 13; Rutilio Escandón, de Chiapas, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con diez cada uno.
Ante los incumplimientos y reincidencias pese a los constantes llamados del Instituto Nacional Electoral, el magistrado propone a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenar al INE elaborar una serie de lineamientos los cuales lleguen a la consecuencia de no poder participar en otros cargos públicos.
De la Mata Pizaña comienza explicando que las autoridades electorales tienen la “obligación de garantizar el pleno respeto a la Constitución y por tanto, el Estado de Derecho, de forma tal que se asegure que todos los actos y resoluciones que se relacionan con la materia, y por tanto, encuadran en su competencia, sean apegados a la propia Constitución y a la Ley”.
El magistrado reconoce que “el sistema normativo es imperfecto” ya que la sanción para titulares de los Ejecutivos depende de un tercero, su superior jerárquico o en su caso el Congreso correspondiente, lo que pocas veces se acata, ante ello es necesario generar lineamientos que frenen esta violación a la constitución.
“Toda vez que la imposición de la sanción escapa a la competencia de las autoridades electorales en sí mismas, corresponden a este Tribunal, en tanto máxima autoridad garante de la Constitución en la materia, consolidar mecanismos a efecto de inhibir conductas que la vulneren.“Por lo que se propone ordenar al INE que emita lineamientos para regular las consecuencias jurídicas ante violaciones a la Constitución por las personas del servicio público, a partir de la posible pérdida de la presunción del modo honesto de vivir”.
El magistrado recuerda que los servidores públicos, cuando rinden protesta, prometen guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo que al no cumplirlo y más aún, al violentarlo de manera reiterada, están perdiendo el modo honesto de vivir.
Por ley, las personas a las que en una sentencia se les retira el modo honesto de vivir, tienen prohibido acceder a un cargo público, por lo que, de aprobarse este proyecto, los servidores públicos que en próximos procesos electorales desatiendan las órdenes del INE podrían llegar a este extremo.
Estos son los ilícitos que el magistrado propone confirmar en cada uno de los titulares del Ejecutivo por diversas publicaciones en tiempo de revocación de mandato, y que se votará la próxima semana en la Sala Superior.
- Ilícitos constitucionales: 98
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: 16
- Propaganda gubernamental: 15
- Propaganda personalizada: una
San Luis Potosí, Ricardo Gallardo: 13
- Propaganda gubernamental: 13
- Propaganda gubernamental: nueve
- Propaganda personalizada: uno
Sinaloa, Rubén Rocha Moya: diez
- Propaganda gubernamental: ocho
- Propaganda personalizada: dos
Sonora, Alfonso Durazo: nueve
- Propaganda gubernamental: ocho
- Propaganda personalizada: uno
Baja California: Marina del Pilar: nueve
- Propaganda gubernamental: ocho
- Propaganda personalizada: uno
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla: siete
- Propaganda gubernamental: siete
Morelos, Cuauhtémoc Blanco: seis
- Propaganda gubernamental. seis
Tabasco, Carlos Manuel Merino: cinco
- Propaganda gubernamental: tres
- Propaganda personalizada: dos
Nayarit, Miguel Ángel Navarro: cuatro
- Propaganda gubernamental: dos
- Propaganda personalizada: dos
Veracruz, Cuitláhuac García: tres
- Propaganda gubernamental. tres
Colima, Indira Vizcaíno: dos
- Propaganda gubernamental: dos
Guerrero, Evelyn Salgado: uno
- Propaganda gubernamental: uno
Puebla, Miguel Barbosa: uno
- Propaganda personalizada: uno
Tlaxcala, Lorena Cuéllar: uno
- Propaganda gubernamental: uno
Campeche, Layda Sansores: uno
- Propaganda gubernamental: uno
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