El Tribunal Electoral del Poder Electoral de la Federación (TEPJF) vive tiempos inéditos. No existe registro de una situación similar que llevara a una especie de limbo legal, en el que no quedara clara una sentencia porque los propios magistrados estaban confundidos con lo que ellos mismos votaron. Nunca antes los impartidores de justicia habían violado la ley, dejando una sentencia en suspenso durante varios días.
Expertos en investigaciones jurídicas consultados por MILENIO afirman que no existe una "guía" para comprender lo que sucedió el lunes en la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Electoral de la Federación, donde se debatió la paridad de género obligatoria en las gubernaturas, porque simplemente, nunca se había vivido algo así en un máximo tribunal de justicia.
Nunca antes un magistrado presidente había hecho confusa una votación, se había negado a reconocerla, había intentado revertirla y mucho menos había cerrado con una sentencia que sí respeta la decisión de los magistrados, pero que a la vez, remite a una versión estenográfica. Mucho menos, se había emitido minutos después un comunicado contrario a la decisión mayoritaria.
Lo que está claro, es que el magistrado presidente, José Luis Vargas, ya incurrió en una primera violación a la ley que lo obliga a publicar las sentencias de la Sala Superior a más tardar al día siguiente de que se emitan. Sin embargo, si el engrose que difunda no respeta lo establecido en la discusión sobre la paridad en gubernaturas, podría incurrir en responsabilidades penales que ameritarían hasta un juicio político.
Para entender lo que sucede o tener claro en qué omisiones podría incurrir el magistrado José Luis Vargas, encargado de realizar el engrose del proyecto de la magistrada Janine Otálora, MILENIO consultó a Juan Jesús Garza Onofre y a Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
¿Qué es un engrose?
Primero es importante entender qué es un engrose:
“En las sesiones se discuten proyectos que pueden tener modificaciones, que generalmente es lo que pasa, llegas con un proyecto y ya sabes cómo va a votar tu colega magistrado porque muchas veces se discute en sesiones privadas. A veces, si no estás de acuerdo, haces tu propio proyecto y lo incluyes como un voto disidente para cuestiones futuras.
“El engrose deberá reflejar la discusión y lo que acordaron los magistrados con las modificaciones que hicieron al proyecto. En este caso, deja un muy mal precedente porque la sesión pública, que es la que valida el engrose final, fue un desastre y no hay una salida que diga ‘bueno, vuelvan a sesionar o hagan un voto aclaratorio’, eso demuestra el manejo deficiente de Vargas”, explicó Garza Onofre.
Además, la norma deja claro que entre el engrose y la sentencia que se discutió debe prevalecer siempre lo que definieron las y los magistrados durante la sesión. Un engrose no puede modificar una sentencia.
Comunicados contrarios
Aunque el comunicado que emitió el área de Comunicación Social del TEPJF era contrario a lo que se leyó en la sentencia, es lo menos importante, pues los comunicados no tienen validez jurídica.
De acuerdo con los expertos, el área de comunicación depende enteramente de la presidencia del TEPJF y no reflejan la opinión de todos los y las integrantes de la Sala Superior, tal y como sucedió en este caso, en el que la propia magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez desconocieron el boletín en Twitter.
“Es evidente que es una técnica que hizo Vargas para dar certeza a lo que él quería y por eso usa, en medida de sus posibilidades, lo que tiene para imponer su voto. Es un tema confuso, inédito en el sentido de que nunca había pasado que una votación no fuera clara o que no estuviera en sus términos, que en la sesión pasara una cosa y luego dijeran otra cosa”, comentó.
Posibles delitos
Si el engrose de la paridad en las gubernaturas, que por orden correspondió al magistrado presidente José Luis Vargas quien no estuvo de acuerdo en hacer obligatoria la paridad, no respeta lo que se acordó en la sesión pública, lo que él mismo leyó en la sentencia, que es obligar a los partidos a postular al menos a siete mujeres en las 15 gubernaturas, estará incurriendo en varias violaciones legales.
Primero, el artículo 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral obliga a emitir las sentencias de las salas del Tribunal Electoral recaídas a los recursos de apelación a más tardar al día siguiente de que se pronuncien.
Es decir, una vez que la sesión concluyó el lunes por la noche, el engrose debió publicarse a más tardar el martes por la noche. Hasta la mañana de este jueves no se ha difundido. Primer strike.
El investigador Garza Onofre explicó que si el engrose no se apega a la sentencia que el mismo Vargas leyó, podría incluso recaer en un delito penal.
Asimismo, el artículo 225 del Código Penal vigente explica en sus fracciones VI, VII y VIII que serán considerados delitos contra la administración de justicia, cometidos por los servidores públicos: “dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley”
“Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida” o “retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia”.
En este caso, la Constitución obliga a la autoridad electoral a hacer cumplir la paridad en las gubernaturas ante el vacío legislativo que ocasionaron las y los diputados que no cumplieron con concretar las leyes secundarias.
No hacer obligatoria la paridad en las elecciones del 2021 generaría nuevamente una ventaja para los hombres y retrasaría el acceso a la equidad que legalmente, las mujeres ya deben ejercer.
Aunque, para el investigador Hugo Concha, no respetar una sentencia pública pude ir más allá, hasta a un juicio político que termine en una destitución, pues no se está cumpliendo con su compromiso de impartir justicia.
“Aunque no existe un proceso a seguir como tal, porque se trata de algo nunca antes visto, esto es una violación a las facultades que tiene un magistrado. Está incumpliendo con lo que la Constitución y las leyes le marcan, el respetar y hacer respetar lo que las leyes le marcan y respetar una sentencia forma parte de este supuesto.
“En caso de que lo viole, me queda claro que es sujeto a juicio político, la Cámara debería hacer una acusación, una investigación y el senado decidir, destituirlo e inhabilitarlo”, sugirió.
Sin embargo, ese proceso debería ser ratificado por el Senado de la República y en este caso en específico, fueron los líderes hombres parlamentarios los que impugnaron la paridad en las gubernaturas y los que llevaron el tema hasta estos términos. Por lo que sería casi imposible llegar hasta este escenario.
¿Dónde se impugnan las decisiones del TEPJF?
Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta esta discusión es que el Tribunal Electoral tiene la última palabra en materia electoral en México, por lo que si incurren en una omisión, no existe hasta ahora un procedo para revertir sus decisiones.
“No existe ningún recurso para impugnar sentencias del Tribunal Electoral, ese es el gran problema, que mientras esté bajo la idea de que es un tribunal constitucional nos están metiendo en una situación inédita donde no existe un recurso para revisar lo que hace el Tribunal ¿Qué sería? ¿un amparo? No está claro cómo podría quizá la Corte intervenir.
“Nunca nos habíamos topado con una cosa igual y es gravísimo el Frankenstein en que se ha convertido este Tribunal Electoral, un monstruito donde sus integrantes actuales interpretan su función de hacer lo que ellos quieran, los intocables que pueden resolver lo que quieran y como quieran.
lp