Durante su audiencia ante la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado derivada del procedimiento de sanción que se le sigue por las anomalías en la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador, Jaime Rodríguez, el secretario general de Gobierno, Manuel González, alegó que se trata de un proceso ilegal el que siguen los legisladores en contra de él y del mandatario estatal.
El funcionario estatal comentó dentro de la audiencia que en las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se señala sanción alguna, y que los legisladores le agregaron en su procedimiento los términos de multa, amonestación, destitución o inhabilitación, que “se sacaron de la manga”, ya que no existen.
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Inicialmente, a través de su abogado, Sergio Tomás Martínez Arrieta, pidieron que los integrantes de la Comisión Anticorrupción, que encabeza el diputado del Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio de la Garza, le notificaran la integración del tribunal instructor, que es la comisión, y recusación con causa de cada uno de sus miembros, ya que lo solicitaron por escrito, y no les respondieron.
“No tiene sentido hacer un proceso frente a un tribunal que no está legalmente integrado, necesito saber si los miembros de este tribunal especial, y singular que se ha constituido, están o no facultados para intervenir en él, si no están, no deben ni de opinar, votar, ni estar presentes. Repito, requerimos del acuerdo sobre la … como una resolución de previo y especial pronunciamiento, porque necesitamos saber si está integrado o no el tribunal correctamente.
“Necesitamos saber el contenido de las respuestas de ustedes para saber nuestra… en cuanto a los alegatos que vamos a formular, nuestros alegatos van a estar fundados en las pruebas que ustedes admitieron y en las decisiones que ustedes han tomado, si no me dan los elementos para formular mis alegatos, ni puedo formular alegatos”, dijo.
“No estoy sosteniendo un diálogo con usted, usted es la autoridad, yo soy el abogado que representa al señor, yo le hago una petición y usted como autoridad tendría que contestarme fundada y motivadamente, no es diálogo, no somos amigos usted y yo”, explicó Martínez Arrieta.
La respuesta de Arturo Bonifacio Salinas fue que no se permitían el diálogo, ya que solamente ellos en su derecho de audiencia podrían hablar.
Luego le recriminó al presidente de la Comisión, no haber respetado la audiencia a las 11:40 horas, cuando los citó a las 10:00, además de que la lectura de las pruebas aceptadas y las rechazadas duró precisamente una hora y 40 minutos, y que eso es un acto irrisorio.
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Por su parte, Manuel González dijo que están tranquilos, que su dignidad está intacta, y que el proceso es especialmente anticonstitucional dirigido a dos personas.
Aclaró que no fueron omisos durante la recolección de firmas, y que por el contrario, le ordenaron a los funcionarios no involucrarse en los comicios, incluso por escrito, y que los diputados tienen las pruebas.
“No les reconozco ninguna competencia en los términos del artículo 5 de la Ley Electoral Federal, ustedes no tendrían que estar juzgando nada de esto, es a cautela, sin reconocerles ninguna legitimidad a ninguno de ustedes en el caso en cuestión. Quisiera que conste en el acta lo que le acaban de señalar: todos estos incidentes son de previo y especial pronunciamiento.
“Usted y todos los miembros de la comisión, están faltando a la legalidad en nuestro proceso, continúan violando nuestras garantías, conforme dan un paso a otro más. La autoridad les va a decir, hasta aquí, porque han querido con esto”, declaró.
Agregó que no se había llegado al plazo marcado para presentar las pruebas, cuando 17 legisladores ya habían opinado que recurrirían a una sanción máxima, como la inhabilitación o destitución.
El funcionario estatal, les recriminó, incluso, que no hayan sido atentos, ya que solamente la diputada Claudia Tapia le ofreció café.
Manuel González fue acompañado en todo momento, por el secretario de Desarrollo Social, Genaro Alanís y el subsecretario de Gobierno, Homero Cantú y otros funcionarios.