Luego que los diputados en el Congreso local realizaran pronunciamientos, posterior a su comparecencia, respecto a que fue un riesgo calculado haber incurrido en irregularidades en la captación de firmas y que no aceptarán retos, amenazas y presiones por parte del Ejecutivo, Manuel González, secretario general de Gobierno, contestó que él no tiene la culpa que los legisladores locales desconozcan del derecho.
El funcionario estatal insistió en que quedó evidenciado que los integrantes de la Comisión Anticorrupción no supieron qué hacer a la hora de su audiencia.
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Ante tal situación, pidió que regresen a sus labores legislativas en lugar de andar con “chismes” en este tema de la sanción en su contra y la del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
“Desconocer el derecho jamás podrá ser un riesgo calculado en nadie. Yo respeto a la diputada, no comparto ni los comentarios de ella ni los de ninguno. No supieron qué hacer, esa es la verdad y ustedes lo vieron.
“Yo no tengo la culpa que ellos desconozcan del derecho. Creo que deben de regresar al trabajo legislativo en lugar de andar con puros chismes; creo que es momento que se pongan a trabajar como nosotros lo hacemos todos los días aquí”, dijo.
Insistió en que no puede haber gente como la diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, que de manera superficial haga declaraciones de ese tipo y reiteró que gobernar es difícil y es cosa seria.
“Gobernar es difícil y es serio, no puede haber gente así que de manera superficial hable de esta manera, de algo tan serio como lo es el Gobierno ¿Cómo que un riesgo calculado? Imagínese usted no conocer el derecho, ¡Va! Para que le digo más”, concluyó.
De igual forma, el presidente del Congreso local, Juan Carlos Ruiz García, declaró que no aceptan amenazas, ni retos, ni presiones para no sancionarlos.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, Ruiz García señaló que el Congreso tiene que acatar una resolución de las autoridades electorales que determinaron la culpabilidad del gobernador, del secretario de Gobierno y de otros cientos de funcionarios públicos de Nuevo León por desvío de recursos, y la recolección de firmas para la pre campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón.