Con el fin de atender a fondo el problema de desabasto de agua, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, consideró que se requiere de un diálogo nacional de donde deberán salir propuestas que permitan pasar de las palabras o iniciativas a la acción.
En un comunicado, Guerra Castillo dijo que no es posible que 21 millones de mexicanos no tengan garantizado su derecho constitucional a este líquido, principalmente en Nuevo León, donde aún hay municipios que enfrentan esta problemática.
“El agua debe ser la prioridad en los tres órdenes de gobierno, lograr mayor inversión destinada a infraestructura hídrica que permita una gestión más eficiente, y la realización de una fuerte campaña de sensibilización social para lograr el cero desperdicio”.
“A pesar de ser un tema de seguridad nacional, en la Cámara de Diputados están pendientes de revisión, análisis y aprobación un importante número de iniciativas propuestas por los grupos parlamentarios; sin embargo, estamos en falta, por lo que es necesario que se avance en la aprobación de la Ley General de Aguas en México, dejando atrás criterios político-electorales, así como otras iniciativas que van en el mismo sentido. La población no busca culpas, sino soluciones”, señaló.
Guerra Castillo urgió a la ejecución de acciones para llegar al desperdicio cero de agua, al asegurar que está comprobado que más de la mitad del agua para uso agrícola, que consume el 76 por ciento del total que dispone el país, se desperdicia por la deficiente infraestructura.
Por lo mismo, dijo, pasa con el abastecimiento público, que si bien recibe el 14.4 por ciento, de éste se pierde el 47 por ciento, por fugas en el sistema hidráulico urbano.
Con base en el Monitor de Sequía de México de la Conagua, expuso, hay al menos seis entidades de la República con sequía en el 100 por ciento de su territorio: Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Sinaloa.
“La mayoría de las presas del centro-norte del país se encuentran por debajo del 50 por ciento de su capacidad y es la Cuenca de Cutzamala, con sus siete presas: Tuxpan y El Bosque, en Michoacán; Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, en el Estado de México, con apenas el 38 por ciento de almacenamiento”.
“La próxima Legislatura debe aprobar iniciativas que atiendan esta problemática que demanda una inversión promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales, durante los próximos ocho años; crear un mercado secundario de aguas residuales para uso industrial, minero y agrícola, y adecuar, a través de un Sistema Nacional de Tarifas, el agua no contabilizada, para dar viabilidad financiera a los organismos operadores”, explicó.
En el caso concreto del sector agrícola, que se lleva casi el 80 por ciento del agua que hay en el país, al igual que el sector industrial, deberían utilizar aguas tratadas.