La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que más de 90 por ciento de los casos de agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos quedan en la impunidad.
Esto, reconoció el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque; es el "gran problema" en la agenda nacional en dicho rubro, expuso.
Además, el funcionario detalló que al inicio de esta administración, el Mecanismo de Protección contaba con 758 personas; cifra que se ha duplicado, ya que a la fecha hay mil 508 personas registradas: 495 periodistas (155 mujeres, 360 hombres) y mil 23 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres, 472 hombres).
Detalló que las personas defensoras de derechos humanos incorporadas al Mecanismo se concentran en siete entidades: Cuidad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
La mayoría de los periodistas beneficiarios del Mecanismo son: Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.
Precisó que de diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, considerando que 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que 64 por ciento de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos se focaliza en: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz.
Destacó que, de los homicidios registrados, solo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporados al Mecanismo.
Detalló que entre 40 y 45 por ciento de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado.
Irazoque Palazuelos aseguró que en estos tres años se han invertido, a través del Mecanismo, más de mil 200 millones de pesos en la protección de periodistas y personas defensoras; y para 2022 se aprobó un presupuesto de 388 millones.
Finalmente, aseguró que desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se impulsa una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, en la cual haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno "y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país".
JLMR