Al ser reelecto como presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal informó que, en un hecho sin precedentes, el Poder Ejecutivo y otras autoridades han pretendido secuestrar la labor legislativa presentando un total de 72 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones - Tercer Año de Ejercicio Constitucional, Guerra dijo que han logrado en su mayoría que no prosperen, teniendo como resultado el desechamiento de 47 de ellas, es decir, el 65 por ciento de sus controversias han sido desechadas.
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“Un total de 45 funcionarios de la administración pública estatal han promovido juicios de amparo en contra del decreto número 340, conocido como moción de censura, aprobado por este Congreso, de los cuales se advierte lo siguiente: Dos fueron desechados, 19 de ellos cuentan con suspensión definitiva a su favor, a 23 se les negó la suspensión definitiva y hay uno pendiente por recurso de queja", mencionó.
"El trabajo realizado y el que falta por hacer en la defensa de esta soberanía ante los órganos jurisdiccionales es fundamental para garantizar, entre ellas, que Nuevo León cuente al fin con una Fiscalía con permanencia constitucional para realizar sus funciones de forma ordinaria y también para que se publiquen las reformas que este poder aprueba democráticamente sin retrasos ni pretextos que dañan la correcta funcionalidad de las instituciones de Nuevo León”, manifestó.
Mauro Guerra señaló que la defensa jurídica que ha llegado hasta la SCJN tiene el único objetivo de mantener el Estado de Derecho y aseguró que van a continuar a pesar de "los ataques de quienes buscan evitar el equilibrio de poderes en Nuevo León".
“Vamos a seguir trabajando con la intención siempre de que puedan mejorar las condiciones de gobernabilidad en este estado. Sé y estoy seguro de que este Poder Legislativo seguirá tendiendo su mano para llegar a acuerdos y seguir trabajando por el bien de Nuevo León”, manifestó.
Guerra recordó el asesinato de Ricardo Flores, director jurídico del Congreso, y la muerte por infarto de Jesús Gómez, quien presuntamente era presionado por el Estado. Pidió respeto a Alhinna Vargas, del PRI, para que salga de un proceso que tienen en su contra.
“Hace un mes fue cobardemente asesinado nuestro compañero y amigo, Ricardo Flores Suárez, quien era el director jurídico de este Congreso y encabezaba los litigios de la legislatura en contra de las arbitrariedades de otras instancias. El profesionalismo y entrega a la jurisprudencia de Cubi lo llevó a tener éxito en los distintos asuntos en litigio", resaltó.
"Días después, falleció nuestro compañero diputado Gilberto de Jesús Gómez Reyes, quien presidía la Comisión Anticorrupción. Chuy Gómez, como le decíamos, se distinguió por su trabajo legislativo y no se amedrentó ante las amenazas y denuncias que recibió. Fue un hombre íntegro que nunca se dobló ante las injusticias. Descansen en paz, Ricardo Flores y Jesús Gómez. Desde esta tribuna, nuestro eterno agradecimiento”, dijo Guerra.
Recordó que durante el año que concluimos de esta Legislatura celebramos un total de 104 sesiones, de las cuales 95 fueron ordinarias; cinco extraordinarias, dos solemnes y dos en periodos extraordinarios. En estas sesiones aprobaron 822 asuntos, de los cuales 216 son decretos, 210 acuerdos y 405 acuerdos administrativos.
En estos 365 días de trabajo en el Congreso del Estado, aprobaron ocho nuevas leyes y realizaron 131 reformas a diversas normas legales, tres desafectaciones del Gobierno del Estado, 11 desafectaciones municipales y dieron trámite a 101 cuentas públicas.
“Debo informar también que este Poder Legislativo apoyó al Ejecutivo con todo lo necesario para la construcción del nuevo estadio de los Tigres. Sin embargo, es lamentable que hasta el momento no hemos visto ejecutarse ni concretarse esta obra", añadió.
"Aprobamos la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, con lo cual se culminó la etapa de la reforma laboral, dejando atrás las caducas y saturadas Juntas de Conciliación y Arbitraje para abrir paso a los juzgados en materia laboral”, señaló.
"Otra de las nuevas leyes que se aprobaron fue la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León. Aprobamos también la Ley de Salud Bucal para el Estado de Nuevo León, la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Nuevo León".
"El Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León es ahora un órgano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, especializado e imparcial. Contará con autonomía técnica y de gestión, plena independencia funcional y capacidad para decidir sobre su organización interna", finalizó.