El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, acudió este jueves al Congreso local para presionar a los diputados locales a ejercer una sanción al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por anomalías en el proceso electoral federal del 2018.
El legislador, acompañado de la diputada de MC, Mariela Saldívar, comentó que según la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos procede la destitución del mandatario estatal, además de una multa hasta por 80 millones de pesos, y la sanción aplica también para el secretario general de Gobierno, Manuel González.
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“De conformidad con el artículo 50 fracción 34, 54 fracción 2, 57 fracción primera y 86 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, se actualiza la infracción que consiste en la destitución del puesto, empleo, cargo o comisión. Además, debe imponerse una multa que implica el doble del daño al erario e inhabilitarlo temporalmente por el ejercicio de su cargo.
“Ese es el escrito que vengo a dejar al Congreso, adjuntando la sentencia para decirles que no hay vuelta de hoja. La ley es clara: queremos que se respete la sentencia, se aplique el Estado de Derecho y se aplique la ley", expresó.
Según el legislador, la sentencia establece que el gobernador violó el artículo 134 constitucional, ya que utilizó recursos públicos, humanos y materiales para beneficio propio político, al haber utilizado 571 servidores públicos en día y hora hábil, supuestamente durante 120 días naturales que duró su campaña electoral.
Agregó que con esos elementos, la sala regional del TEPJF pide al Poder Legislativo proceder a sancionar.
“Acudimos hoy al Congreso rebelde y contumaz, ya que el día de ayer nos notificaron en el Senado de la República que este Congreso cayó en incumplimiento de sentencia, por eso lo de rebelde y contumaz. Y la sala regional especializada del Tribunal Electoral le manda otra resolución de queja donde obliga al Congreso a sancionar, no a interpretar o a dictaminar, a sancionar, y tienen hasta el 20 de diciembre so pena de que a los diputados los sancionen con medidas de apremio.
“La sentencia es muy clara: decreta la responsabilidad de Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González, de forma dolosa, el uso y desvío de recursos públicos durante la campaña presidencial, por la recolección de firmas, eso ya se juzgó”, expresó.
Dijo que el daño económico se calcula en base al desvío de recursos humanos, que según él ascienden a 40 millones de pesos, por lo que el total a pagar, ya con la multa, debiera ser de 80 millones de pesos.
Lo anterior se dio luego de que el Congreso del Estado ha omitido durante 13 meses sancionar al gobernador Jaime Rodríguez por el desvío de recursos humanos para su campaña presidencial.
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó, mediante un incidente de incumplimiento, que el Poder Legislativo está obligado a aplicarle una sentencia.