Luego de que el Poder Judicial de Nuevo León otorgó una suspensión en favor del Congreso para evitar que Cecilia Robledo abandonara su curul, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó este lunes una iniciativa de reforma a la Constitución local, en la búsqueda de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea autónomo, paritario y con perfiles técnicos no políticos.
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En conferencia de prensa, el coordinador de MC, Eduardo Gaona, dijo que el TSJ está compuesto por 16 puestos de magistrados, de los cuales sólo seis son ocupados por mujeres, esto debido a que la paridad judicial será realidad hasta 2024.
“Queremos presentar esta refundación del Tribunal Superior de Justicia. Lo que queremos hacer, de manera muy clara, es que haya controles de confianza para todos los magistrados.
“También buscamos que haya paridad, no es posible que haya 10 hombres y sólo 6 mujeres. Aquí en el Congreso sí estamos cumpliendo con la paridad, somos mitad y mitad, y allá (en el TSJ) no. El único que falta es el Tribunal Superior de Justicia”, apuntó Gaona.
En los últimos dos periodos, reclamó el líder de MC, la presidencia ha sido ocupada por el magistrado Arturo Salinas y, en ese sentido, la iniciativa también se busca la alternancia para ocupar dicho lugar, y con alternancia de género.
Sin embargo, esto no afectaría a Salinas, quien obtuvo la unanimidad de votos del TSJ en su favor para la reelección y, de aprobarse, tendría efectos hasta la elección del 2025.
Además de promover que como requisito se realicen exámenes de control y de confianza, también se promueve que los magistrados no hayan sido militantes de ningún partido político con registro federal o estatal en los últimos 3 años.
El no acreditar los exámenes de control y de confianza, será causa de remoción del cargo, indicó el legislador.
Las y los aspirantes, dijo Gaona, deberán acreditar un examen teórico y práctico sobre conocimientos jurídicos.
El Congreso del Estado, a través de la Comisión Legislativa competente, deberá solicitar estas evaluaciones a instituciones de educación superior, y pueden ser públicas o privadas.
La vicecoordinadora y vocera Oficial, Sandra Pámanes, señaló que, además de promover la autonomía del TSJ, se busca que los cargos de magistrados sean ocupados por las personas idóneas.
“Tenemos (con el TSJ) un órgano que no está actuando apegado a derecho. La resolución que emitió a favor de que las cosas se mantuvieran igual invadió facultades del Tribunal Estatal Electoral, eso nos da pie a nosotros para declarar que tenemos un Poder Judicial que no está funcionando” comentó.
“Es una iniciativa ‘anti-Arturo Sainas’, así de simple, porque no podemos mantenerlo en el Poder con este tipo de acciones”.
Cabe destacar que posterior a este procedimiento, la Comisión Legislativa competente deberá emitir un dictamen con la lista de las y los candidatos que hayan cumplido con los requisitos y aprobado las evaluaciones correspondientes.
Luego, el Congreso enviará una lista de aspirantes al Poder Ejecutivo, que deberá de regresar una terna al Legislativo para la designación de magistrados.
Por último, será el Congreso del Estado, en votación por cédula, el que elija al ganador o ganadora, que deberá contar con el voto de cuando menos las dos terceras partes de las y los diputados, pero con previa participación del Poder Ejecutivo.