A casi ocho años de que comenzó la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, y 16 de que se aprobaron las reformas constitucionales que lo hicieron posible, la confianza hacia los jueces está mermada, debido a las continuas liberaciones por violaciones al debido proceso, consideró un experto del gobierno de Estados Unidos.
En entrevista con MILENIO, Alfonso del Valle, asesor de Justicia de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno de Estados Unidos en México, y quien colabora con fiscalías y secretarías de seguridad mexicanas en la implementación del nuevo sistema de justicia, consideró que los juicios orales no han cumplido su cometido: modernizar y agilizar la impartición de justicia en el país.
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“Tal vez faltaron todos los andamios, vamos a decir, de cómo los procesos internos tenían que cambiar, y como que no nos dimos cuenta de eso hasta ya en la práctica.
“En realidad, el debido proceso se tiene que respetar y se tiene que mantener, y los procesos por los cuales lleguen a ponerse a disposición esas personas si no están bien hechos, entonces por los derechos de cualquier ciudadano es lo más lógico legalmente (liberarlos)”, consideró.
Como asesor de fiscalías y secretarías de seguridad, tanto a nivel estatal como federal, explicó que uno de los mayores problemas es el enfoque que se dio para profesionalizar a los ministerios públicos para participar en los juicios orales, cuando en la práctica es muy raro que un caso llegue a esa etapa del proceso penal.
“A final de cuentas de lo que nos hemos dado cuenta es de que en realidad muy pocos casos llegan a las audiencias, entonces, había un esfuerzo muy grande para preparar a todos los ministerios públicos para esas etapas de audiencias orales, pero en realidad entre las carpetas que entran y las carpetas que llegan a juicio, u otras etapas, hay una diferencia muy grande”, confesó.
Una de las experiencias que ha notado previo a la etapa del juicio oral es que los ministerios públicos tienen acceso a las carpetas de investigación antes de presentarse a una audiencia ante un juez, un fenómeno que comienza desde el inicio en las diferentes áreas de las fiscalías, al momento de construir un caso y establecer la evidencia.
“Hay muchos casos de desarticulación dentro de las mismas instituciones, puede ser que se organizan por área, pero las áreas no tienen claro los procesos para coordinarse, para poder pasar de un área a la siguiente de una manera más eficiente, más eficaz, más clara”, alertó.
Así, una de las recomendaciones con las que concluye Del Valle es que para que cuando se presente a una audiencia se entienda el proceso para toda la parte acusadora, pues es importante cerrar la brecha entre la Secretaría de Seguridad federal y las fiscalías estatales, con el fin de lograr recabar información de autoridades locales al momento de construir una carpeta de investigación.
LP