La organización Mexicanos Primero demandó que los legisladores definan en las leyes secundarias a los responsables y mecanismos de brindar educación incluyente, luegode obtener un amparo del Poder Judicial que obliga a las autoridades a garantizar a los jóvenes en reclusión su derecho a una educación de calidad.
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La directora general, Jennifer O´Donoghue, directora general de la organización, explicó que el recurso fue promovido hace dos años por Aprender Primero, brazo jurídico de la organización, Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando en la Ciudad de México.
Sandra Creixell, directora de estudios jurídicos de Mexicanos Primero, detalló que el fallo emitido el 31 de mayo y fueron notificados el 7 de junio.
La organización documentó que en las visitas realizadas San Fernando, los adolescentes recibían clases de menos de una hora diaria y los docentes no estaban capacitados porque eran voluntarios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
“Al violar su derecho a la educación, el Estado también está violando su derecho a la reinserción. La reinserción tiene cinco ejes y uno de ellos es la educación, entonces si no pueden tener las oportunidades educativas en el tiempo que están en los centros de tratamiento, perjudica mucho en su reinserción.
La organización llamó a los legisladores a establecer mecanismos de control y coordinación de la educación incluyente.
“El llamado es que en la legislación secundaria, los legisladores establezcan los mecanismos de control y coordinación de la educación incluyente, así como la facultad y obligación de los agentes de cambio de identificar y eliminar cualquier tipo de barrera del aprendizaje y responder a cada niña, niño y joven sin distinción”, dijo O´Donoghue.
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