México se estancó en el lugar 126 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el ranking anual de la organización Transparencia Internacional (TI).
Por cuarto año consecutivo, nuestro país mantuvo la misma calificación en el Índice: 31 puntos de 100, con lo que se coloca a la par de países como El Salvador, Kenia y Togo.
Este martes, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana (TM) dieron a conocer los resultados de la edición 2023 de la evaluación.
“A pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas”, concluyó la organización internacional.
Además, a unos días de que inicien formalmente las campañas presidenciales, Transparencia Mexicana alertó que la corrupción será un reto para la siguiente administración, especialmente por el avance del crimen organizado en numerosas jurisdicciones del país.
Con la calificación obtenida en 2023, México se ubica en el último lugar entre el grupo de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la penúltima posición del G20, el grupo de las 20 economías más grandes del mundo.
Los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90/100), Finlandia (87/100) y Nueva Zelanda (85/100).
Los países peor calificados son Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100), Venezuela (13/100) y Somalia (11/100).
En América Latina, México se ubica por encima de Bolivia (29/100), Paraguay (28/100), Guatemala (23/100), Honduras (23/100), Haití (17/100), Nicaragua (17/100)y Venezuela (13/100).
Desde 2012, el IPC registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.
En sus conclusiones, TI y TM advirtió que la calificación de México se debe a que “ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas”.
La organización destaca que ni la Estafa Maestra, con un desvío estimado en 7 mil millones de pesos, ni el caso Agronitrogenados-Pemex, en el que se estima una desvío de 200 millones de pesos de las arcas mexicanas, o el caso Segalmex-Diconsa-Liconsa, ocurrido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que implica un desvío estimado en cerca de 9 mil 500 millones de pesos han llegado a sentencias en firme.
Lo mismo con casos de corrupción internacional, como el de Odebrecht.
“Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas”, dice la evaluación.
“De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública”, señaló Transparencia Mexicana.
La evaluación señaló que “dado que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país, la fuerza de las partes es la fuerza del sistema; si cada una de las instituciones que lo conforman falla en su tarea institucional, el sistema anticorrupción no podrá dar los resultados que exige la población.
Por ello, recomendó la recuperación de activos y una profunda discusión sobre quienes son las víctimas de la corrupción y cuál es la forma de reparar apropiadamente el daño.
“Es una oportunidad para cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad”, dijo.
Además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, Transparencia Mexicana advirtió que se deben dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados.
LG