En México, se han registrado 22 ejecuciones extrajudicales, lo que quiere decir que existe el reporte con evidencia de que 22 asesinatos contra activistas fueron perpetrados por funcionarios públicos en su modalidad de comisión o aquiescencia, así lo declaró el Comité Cerezo en su Informe anual.
En este documento, la organización señala que la cifra de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya supera aquellas cometidas durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), esto podría estarse presentando por dos razones: una es que a nivel municipal y estatal continúa la represión política tal cual se perpetraba en sexenios anteriores; o dos, porque la política de impunidad sigue tangible y el gobierno federal no ha dado castigo a los responsable bajo el escudo de que el delito de homicidio es del fuero común y no compete al nivel federal.
“Los números de ejecuciones extrajudiciales de dos cifras inician en el año 2010, durante el cuarto año del gobierno de FCH (Felipe Calderón Hinojosa) y ya cuando la _Guerra contra la delincuencia organizada_ estaba en su apogeo, y los defensores de derechos humanos estaban denunciando el incremento de víctimas de la violencia de Estado y las graves violaciones a los derechos humanos que significó el sacar al ejército de sus cuarteles”, explica el informe.
Asimismo, el Comité Cerezo aclara que de las ejecuciones extrajudiciales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos durante 2022, 18 por ciento pertenece a mujeres con cuatro víctimas, mientras el 82 por ciento representa la ejecución de 18 hombres activistas en México.
También afectados pueblos indígenas
“En ocho casos, se conoce que las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, en doce casos eran mestizas, en un solo caso era afrodescendiente y en uno más no pudimos determinar con base en la investigación la pertenencia o no a un pueblo indígena de las víctimas”, resume el informe y ahonda que en México el número de ejecuciones extrajudiciales contra indígenas siempre ha representado un porcentaje muy alto.
“Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta a su trabajo de defensa”, se expone en este documento publicado en días pasados.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ejecución extrajudicial se define como “cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto, se define como un ‘homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado’”.