La reciente apertura en México para comercializar bolsas de nicotina, pese a la ausencia de marcos regulatorios estrictos y sin un diálogo suficiente con el sector salud, encendió alertas entre organizaciones internacionales que vigilan la interferencia de la industria tabacalera en políticas públicas de América Latina.
Durante la presentación del informe La influencia política de la industria tabacalera: la erosión del Artículo 5.3 en América Latina y el Caribe, especialistas advirtieron que las grandes corporaciones tabacaleras están expandiendo agresivamente nuevos productos de nicotina, mientras mantienen intacto el negocio de los cigarros convencionales.
Erick Antonio Ochoa, de Salud Justa Mx, afirmó que, aunque México no fue incluido formalmente en el reporte regional, el país representa “una demostración clara” de las tácticas sistemáticas de interferencia de la industria tabacalera.
“México, a pesar de los notables avances desde 2018 en espacios libres de humo, prohibición de publicidad y el veto constitucional a los vapeadores, sigue enfrentando nuevas modalidades de influencia de la industria”, señaló.
Alertó particularmente sobre las bolsas de nicotina, productos que comienzan a ganar terreno en el mercado mexicano.
“Existe una apertura sorpresiva para comercializar bolsas de nicotina sin un diálogo adecuado con el sector salud. Estos productos carecen de marcos regulatorios estrictos sobre límites de nicotina y restricciones homologadas a las del tabaco tradicional en la mayoría de los países de la región”, sostuvo.
Industra tabacalera se fortalece en América Latina
El informe, elaborado por Corporate Accountability, documentó cómo las corporaciones tabacaleras han fortalecido su influencia política en América Latina y el Caribe mediante acuerdos con gobiernos, presión diplomática, cabildeo legislativo y vínculos con autoridades de seguridad y aduanas.
La investigación analizó el periodo 2019-2025 en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y concluyó que existe una “erosión sistemática” del Artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco.
Dicho artículo obliga legalmente a los gobiernos a proteger las políticas públicas sanitarias frente a los intereses comerciales de la industria tabacalera.
El reporte advierte que las empresas buscan legitimarse como “socios de gobernanza” utilizando discursos relacionados con innovación, seguridad, combate al contrabando y desarrollo tecnológico para influir en regulaciones y abrir mercados para nuevos productos electrónicos y de nicotina.
Entre las principales tácticas detectadas aparecen la cooptación de agendas de seguridad y aplicación de la ley, chantaje económico, lavado de imagen mediante responsabilidad social-empresarial, diplomacia pro-tabaco y conflictos de interés en gobiernos nacionales y subnacionales.
Tom Gatehouse, de Tobacco Tactics y del Departamento de Salud de la Universidad de Bath, Reino Unido, advirtió que las compañías mantienen una doble estrategia: defender el mercado tradicional de cigarros y expandir simultáneamente productos electrónicos.
“A pesar de los discursos de las empresas tabacaleras, los cigarros convencionales continúan dominando de forma absoluta el mercado en América Latina”, afirmó.
Añadió que el tabaquismo “está lejos de terminar” y llamó a fortalecer el monitoreo independiente de las tácticas corporativas.
Jaime Arcila, de Corporate Accountability, señaló que cinco grandes corporaciones globales concentran el mercado tabacalero y utilizan las ganancias del cigarro convencional para financiar campañas globales, así como ampliar el mercado de nuevos dispositivos de nicotina, particularmente entre jóvenes.
“El cigarrillo convencional sigue siendo el principal motor financiero de estas compañías”, advirtió.
El informe también sostiene que las tabacaleras han desplazado parte de su influencia hacia ministerios y áreas distintas a salud, incluyendo comercio, relaciones exteriores, seguridad pública y aduanas.
Corporate Accountability pidió a los gobiernos latinoamericanos establecer registros públicos obligatorios de cualquier interacción entre funcionarios y representantes de la industria tabacalera, además de blindar las estrategias de combate al comercio ilícito frente a financiamiento o influencia corporativa.
Florencia Leyva, de Class, afirmó que el monitoreo ciudadano resulta clave para evidenciar cómo las industrias intentan moldear políticas públicas en beneficio de intereses comerciales.
“Monitorear y alertar sobre la interferencia de las industrias en las políticas públicas es un pilar para defender la salud de nuestras poblaciones”, sostuvo.
El lanzamiento del informe contó con la participación de Tobacco Tactics, Vital Strategies, Geneva Global Health Hub, el Centro de Conocimiento del Convenio Marco de la OMS para el Artículo 5.3 y Salud Justa Mx.
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