Durante el segundo día de audiencia por el caso Atenco, donde 11 mujeres acusaron tortura sexual durante un operativo policial en el 2016, el gobierno de México reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad en los hechos, pero rechazó que ocurrieran en un contexto de tortura generalizada.
Los abogados de las 11 mujeres aseguraron que diversas autoridades “se reunieron y decidieron desplegar un operativo de por lo menos mil 815 policías estatales y aproximadamente 700 policías federales para restablecer el orden”.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, defendió la postura del gobierno mexicano con la resolución que en su momento emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco.
“La decisión por parte del Estado para enviar la fuerza fue justificada legalmente. La decisión de emplear la fuerza del Estado en los hechos investigados se estima justificada legalmente debido a que se actuó, primero en cumplimiento de una resolución sobre la reubicación de comerciantes y, después, para restablecer el estado de derecho con motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera, retenido a servidores públicos y agredido a los elementos policiales con piedras, machete, palos, bombas molotov, cohetones y un cañón de fabricación casera”, expuso el funcionario citando el resolutivo final de la Corte emitido en 2007.
Ante la mirada, desde el otro lado de la sala, de las once mujeres que acusan agresiones y tortura sexual durante los operativos en los municipios mexiquenses, el funcionario insistió que no existieron órdenes explícitas de violar los derechos humanos. No obstante, insistió en reconocer como “excesos” las violaciones a las garantías individuales.
Al iniciar la audiencia, Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, recalcó que la posición del Estado mexicano ha sido rechazar la existencia de tortura como una práctica sistemática.
La litigante solicitó a la Corte que ordene una investigación sólida y que se les reconozca que lejos de ser delincuentes, son mujeres que han sobrevivido a las violaciones de derechos humanos cometidas por todos los órdenes de gobierno.
“Las once mujeres acuden hoy ante esta corte para solicitar medidas en tres rubros fundamentales para ellas: verdad, justicia y no repetición. Queremos ser muy enfáticas en decir que la impunidad fomenta la repetición. Ayer pudieron escuchar a Claudia y Patricia Torres cómo cada vez que ocurren violaciones de derechos humanos esto les genera sentimientos renovados de impotencia y el dolor”, expuso.
Este caso llega a la Corte después de que en 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la queja, y en octubre de 2015 aprobó el Informe de Fondo 74/15, en el cual resolvió a favor de las peticionarias determinando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia.
La Comisión exhortó al Estado mexicano a realizar una investigación exhaustiva en la que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad, así como instrumentar las modificaciones estructurales pertinentes para prevenir la repetición de hechos similares.
No obstante, en julio de este año la CIDH determinó que el Estado no ha avanzado en las recomendaciones, por lo que remitió el caso a la Corte Interamericana, instancia internacional facultada para emitir sentencias vinculatorias.