El gobierno de México presentó hoy en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, Massachusetts, una serie de argumentos con los cuales busca que sea admitida la demanda que interpuso contra ocho armerías por el comercio negligente de distribución y venta de armas de fuego en Estados Unidos, resolución que tardará entre seis y ocho meses.
- Te recomendamos Detienen a supuesto integrante de célula delincuencial en Michoacán Policía
Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que la presentación se realizó de manera oral, y se hizo énfasis en tres argumentos: el primero de ellos, que La Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA por sus siglas en inglés) ofrece ciertas inmunidades a la industria de las armas en los Estados Unidos contra demandas por responsabilidad civil.
El segundo argumento es que se debe estudiar si es el derecho sustantivo mexicano el que aplica o el derecho estadunidense, y el tercer argumento es que, si PLCAA aplica o es vigente para este caso, pues el gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones que incluye esta ley.
“Nuestro litigio tendría que proceder, estos tres argumentos los presentaron nuestros dos abogados SteveShawn y Jonathan Lowe”, expresó.
El consultor aseguró que los argumentos expuestos fueron escuchados con mucha atención por el panel conformado por tres jueces y esperan que pueda ser de seis a ocho meses que la Corte de Apelaciones dé su veredicto.
“El mejor escenario es que la Corte de Apelaciones decida que el juez de primera instancia, el juez de Distrito Federal le ordene que el litigio continúe, que vuelva a revisar quizás los argumentos. En el peor escenario, es que le dé la razón al juez de primera instancia.
“El gobierno de México está muy complacido con el trabajo de nuestro equipo legal, fue una muy buena oportunidad para reiterar el daño que sufren las personas mexicanas en México por el tráfico ilícito de armas, que no deberían de existir en nuestro país, pues se recuerda que en México sólo existe una tienda donde se pueden adquirir armas de fuego y de un calibre muy restringido, mientras en los Estados Unidos, pues como es del público conocido se pueden adquirir muchas armas y de un poder de fuego muy elevado”, añadió.
Celorio Alcántara subrayó que aún, cuando no hay una resolución definitiva, el simple hecho que la comunidad en México en Estados Unidos y en el mundo, es que preste más atención a estos argumentos legales.
“Ya es una victoria en sí misma, no judicial, pero hablemos de una victoria en términos de narrativa.Las armas están en México no por generación espontánea sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos”, abundó.
Hace unos meses, el juez federal Dennis Saylor, de la Corte en Boston, desechó la demanda civil interpuesta por el gobierno de México, tras considerar que la querella está prohibida por leyes federales.
“Desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus denuncias o están prohibidas por las leyes federales (estadunidenses) o no tienen sustento por otras razones”, mencionó el juzgador en su fallo.
De prosperar la demanda, México exigiría un pago de 15 mil millones de dólares.
“Según estimamos, el Gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita del cinco por ciento de su Producto Interno Bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”, declaró.
Las ocho empresas demandadas por México son: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A., Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H.; Strum, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group, e Interstate Arms.
SCZ