La organización Transparencia Mexicana reveló que durante 20 años México ha desairado el mecanismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para castigar la corrupción.
Se trata de la “Convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales”, mejor conocida como Convención OCDE contra la corrupción.
Es un instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero.
“México ratificó esta convención en 1999 y hasta la fecha no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando este instrumento jurídico”, acusó Transparencia Mexicana en un comunicado a propósito de un nuevo informe emitido por Transparencia Internacional y su capítulo mexicano sobre los niveles de cumplimiento de dicha Convención.
El documento, dado a conocer en Berlín, identificó a México en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento, entre los 44 países analizados.
La mitad de ellos, 22, aprovechan la Convención OCDE para investigar casos de corrupción internacional.
La otra mitad, donde se encuentra México y países como China, Colombia, India, Rusia, Singapur, Corea, España y Turquía, tienen niveles de cumplimiento muy bajos, o nulos, bajo esta convención internacional contra la corrupción, informó Transparencia Mexicana.
El organismo explicó que bajo “esta Convención y su equivalente en los Estados Unidos, la Ley contra prácticas de corrupción en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), han sido investigados casos globales de corrupción de enorme relevancia política como el de Odebrecht”.
Agrego que esta Convención es la que inhibe que las empresas mexicanas o extranjeras participen en actos de corrupción en operaciones internacionales como los que prevén los tratados de libre comercio que México negocia con socios comerciales.
Según Transparencia, el instrumento aplica para las empresas internacionales que hacen negocios en México, como Odebrecht, pero también para las empresas mexicanas que tienen operaciones comerciales en el extranjero.
La organización destaca que en su apartado para México, el informe menciona lo que será el principal reto para la nueva administración federal: “que la Fiscalía General que está por nacer tenga la independencia necesaria para investigar a funcionarios o empresas sin importar su nacionalidad o nivel de influencia política”.
Aseguró que “la nueva Fiscalía General será la responsable de utilizar esta Convención para investigar y perseguir casos de corrupción trasnacional”.
Para Transparencia Mexicana, “lo que distingue a un país bien evaluado en el cumplimiento de la Convención OCDE es el trabajo que realiza su Fiscalía y, por supuesto, que al final de la investigación, una sanción en firme sea aplicada por un juez. A casi 20 años de la ratificación en el Senado de esta Convención, esto nunca ha ocurrido”.