La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que la regulación del consumo de mariguana corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, luego de que el Tribunal Pleno aprobó, por mayoría de 8 votos, su uso recreativo.
En contra, estuvieron los votos de los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como el de Yasmín Esquivel.
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El Pleno determinó mayoritariamente que, al ser inconstitucionales las normas que impedían la siembra, cultivo, cosecha, y consumo con fines recreativos de la marihuana, sin que el Congreso de la Unión las hubiera derogado dentro del plazo que le fue concedido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la facultad para hacerlo en su lugar.
Como únicos requisitos se establecieron:
- Que el consumo no se haga frente a menores de edad
- Que el consumo no se haga en lugares públicos
- Que no se realicen actividades bajo sus influjos que puedan poner en riesgo o dañar a terceros, tales como conducir vehículos u operar equipo de riesgo.
En su intervención, la ministra Esquivel Mossa, quien votó en contra, argumentó que el paso de una prohibición absoluta, a un sistema de permisos individuales para el consumo recreativo de la marihuana, requiere de la ley estructurada por especialistas en la materia, analizada y aprobada por el Congreso de la Unión, por las graves repercusiones que tendrá en la sociedad dicha permisión.
"Una apertura al consumo podría dañar en mayor grado a la colectividad, en comparación con los beneficios que obtendrían quienes demandan el acceso al estupefaciente sólo por diversión".
Añadió la ministra que resulta riesgoso, sobre todo para los menores de edad, que en la expedición de los respectivos permisos que se emitirán, los particulares sean los únicos vigilantes de que las niñas, niños y adolescentes no accedan a la mariguana, y que tampoco se establezcan medidas para desincentivar su consumo entre los adultos, como sería imponer cargas tributarias a los consumidores, lo cual demuestra que a la Suprema Corte no le corresponde establecer políticas públicas y presupuestarias en este tema, porque todo ello escapa a la competencia de un Tribunal Constitucional.
FS