La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que sus acciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no son de carácter personal ni privado, sino que buscan apegarse a los principios constitucionales.
Asimismo, destacó que ella y su equipo han devuelto más de 10 millones de pesos al erario federal, mientras que, en los últimos 14 años, el Alto Tribunal ha desviado más de 30 mil millones de pesos en sobresueldos.
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Durante su primer Informe Anual de Actividades Jurisdiccionales, en el Museo de la Ciudad de México, la ministra declaró que hay quienes la han acusado de hacer activismo con la reforma judicial.
“Les respondo: Sí, he difundido donde he podido el diagnóstico de extralimitaciones que ha sobrepasado a este Poder Judicial de la Federación, así como el contenido de la reforma deseable del Poder Judicial. Sin embargo, he transmitido esta información en comunidades mexicanas, no en Harvard ni en Washington, no para burlarme ni para buscar evitar el control de los excesos de este Poder Judicial buscando el respaldo de instancias internacionales”, comentó.
La togada subrayó que el interés público y social, la soberanía, la rectoría del Estado y la propiedad de la nación no son ideología personal, sino mandatos que establece la Constitución.
Ahorro de más de 10 millones de pesos al erario
Destacó que a un año de su designación como ministra, ha devuelto un millón 377 mil 271 pesos en efectivo y no ha percibido prestaciones por un monto de un millón 761 mil 944 pesos, a las que renunció por estar prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana. En total, durante este primer año, ha ahorrado al erario 3 millones 139 mil 215 pesos.
Abundó que se debe considerar el ahorro logrado por su equipo de trabajo. Manifestó que las 79 personas que conforman la ponencia perciben una remuneración dentro del límite señalado por el artículo 127, fracción II, de la Constitución.
Asimismo, indicó que las prestaciones de su equipo se ajustan a la Ley Federal de Austeridad Republicana, que prohíbe expresamente la contratación de seguros privados de separación individualizada y de gastos médicos mayores.
“En total, desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado, por no recibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional 337 mil 060 pesos; por no recibir seguro de gastos médicos mayores, un millón 484 mil 389 pesos, y por no recibir seguro de separación individualizado, 6 millones 280 mil 463 pesos. Es decir, 7 millones 764 mil 853 pesos, que, sumados a los 3 millones 139 mil 215 pesos que he dejado de percibir, arroja un total de 10 millones 904 mil 069 pesos”, agregó.
Actualmente, prosiguió, 2 mil 377 personas funcionarias del Poder Judicial superan el tope máximo de remuneraciones dispuesto por el artículo 127 constitucional. En total, apuntó, exceden en 2 mil167 millones 352 mil 603 pesos el límite constitucional.
“Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente este límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial ha desviado 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos en sobresueldos autoasignados inconstitucionalmente para su alta burocracia”, expresó.
Su primer año de labores
En este primer año de labores, analizó y votó mil 839 asuntos en Pleno y en Sala. En Pleno, 179 y en Sala, mil 660 asuntos.
Señaló que, en 111 sesiones públicas de Pleno, se votaron 77 acciones de inconstitucionalidad, 60 controversias constitucionales, 16 contradicciones de criterios, además de 26 asuntos diversos.
En 35 sesiones de la Segunda Sala, se resolvieron 726 amparos directos en revisión, 316 recursos de reclamación, 247 acciones de inconstitucionalidad, 134 contradicciones de criterios, 84 controversias constitucionales, 67 solicitudes de atracción, además de 86 asuntos diversos.
“De enero a noviembre de este año, me han sido asignados 530 asuntos, de los cuales 78% han sido resueltos, es decir, 412: votados a favor 357; en contra, 29; y devueltos a tribunales colegiados, 26”, comunicó.
HAGU