El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso que, sin afectar los usos y costumbres de algunas comunidades del país, busca proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para evitar los matrimonios forzados infantiles, como ocurre en estados como Guerrero y Oaxaca.
En la iniciativa del legislador, se establece que, ante los casos que se han presentado en comunidades indígenas, en las que se ha constatado que las niñas pueden tener un precio que se llega a pagar en transacciones manejadas como usos y costumbres, se plantea "reformar el artículo 2º de la Constitución Federal a fin de establecer que, sin demérito del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, se deberá respetar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin que se justifique práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres”
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Indica que “es indudable que la autonomía de las comunidades indígenas debe garantizarse en todo momento, sin embargo, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos que nos rige, los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Por lo que esta reforma, añade, “contribuye a lograr una protección integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el pleno respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.
Afirma que el matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación de los derechos humanos de niñas y adolescentes, toda vez que afectan su vida y desarrollo así como el pleno ejercicio de sus derechos humanos a la salud y a la educación, además de que incrementan la desigualdad de género que padecen en su entorno.
Las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas en las que se practican usos y costumbres que no toman en cuenta su interés superior, tienen un mayor riesgo a enfrentarse a diversas clases de explotación, como el matrimonio forzado, lo que se traduce en una mayor desventaja y discriminación en perjuicio de este sector de la población indígena.
Señala que el Consejo Nacional de Población estima que todos los días nacen más de mil bebés de niñas y adolescentes, pues tan sólo en 2020 se registraron 373 mil nacimientos de madres menores de 18 años, de los cuales 8 mil fueron de niñas entre los 12 y 14 años.
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El Registro Nacional de Población menciona que 4 de cada 100 nacimientos son de niñas menores de 17 años, lo que redunda en defunciones por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, ocupando el sexto lugar de las causas de muerte de este sector de la población.
En ese mismo año se registraron 8 mil 876 nacimientos de menores de 14 años producto de matrimonios arreglados, violencia sexual y pobreza extrema. El 98 por ciento de estos nacimientos fueron de madres entre 13 y 14 años, fenómeno frecuente en estados como Chiapas, Tabasco, Coahuila y Guerrero.
El artículo 4o de la Carta Magna establece que el Estado mexicano debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. Por lo tanto, toda acción que vulnere sus derechos tiene como consecuencia que la persona menor de edad no tenga un desarrollo físico y emocional que le permita desenvolverse con plenitud a lo largo de su vida.
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