Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, rechazó que las manifestaciones de violencia registradas en Jalisco, Guanajuato y este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, sean actos de terrorismo.
“En principio, hay que entender que el terrorismo se distingue de otras expresiones de violencia porque se trata de actos cuyas motivaciones son políticas. En el caso del crimen organizado en México, sus principales estímulos son de carácter económico”, destacó.
En un texto de su autoría, titulado Una revisión inmediata de la estrategia de seguridad, publicado en su página web, señaló que aun cuando gobiernos pasados declararon una guerra contra el narcotráfico, este nunca se propuso derrocar a las autoridades legalmente constituidas para establecer un régimen afín a sus intereses.
“Por tanto, estamos ante un fenómeno protagonizado por grupos generadores de violencia, que emplean métodos de intimidación, que no necesariamente corresponden a actos de terrorismo”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que el martes pasado y jueves en un un operativo frontal contra grupos del crimen organizado, se vivió una jornada de violencia en diversas localidades de Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.
Refirió que en estos hechos se registraron pérdidas humanas y daños en el plano material, que ponen de manifiesto la necesidad de abordar el fenómeno de la inseguridad y la violencia desde una perspectiva integral, que dé como resultado una política de Estado que pacifique a nuestra sociedad.
Dijo que en la discusión pública se ha hablado de la naturaleza de este despliegue de violencia por parte de los grupos del crimen organizado, incluso hay quienes sostienen que se trata de actos de terrorismo.
Estos análisis, aseveró, se deben hacer con suma seriedad ya que podrían conducir a un mal diagnóstico de la realidad.
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Recordó que la expectativa de un gobierno distinto para México, se fincó en la posibilidad de reducir las profundas desigualdades sociales, así como en la necesidad de emprender una estrategia diferente que permitiera contener el fenómeno de la inseguridad y la violencia
Por esta razón, la actual administración emprendió diversas medidas: en primer lugar, reorientar el gasto público al financiamiento de los programas destinados al bienestar social y en segundo lugar, reformar las fuerzas de seguridad para dotar a nuestro país de una corporación capaz de garantizar la paz social.
Esta recalibración, señaló, permitió desplegar la estrategia de seguridad en dos frentes:
- El combate a las causas de raíz que alimentan la economía criminal y,
- La actuación del Estado mexicano en circunstancias específicas que hagan posible contener las capacidades físicas del crimen organizado. En consecuencia, cuando el Estado actuó, el crimen organizado reaccionó.
Afirmó que el Estado cuenta con plenas capacidades de actuación, pues el operativo que se condujo en Zapopan, Jalisco, fue resultado de tareas de inteligencia que permitieron ubicar una reunión de cabecillas del crimen organizado.
Asimismo, ante la respuesta desmedida de los grupos del narcotráfico, las fuerzas federales tuvieron la capacidad de evitar que se produjeran pérdidas de vidas humanas y en los días subsecuentes detener a diversas personas involucradas en estos acontecimientos.
Sin embargo, también se debe admitir que es necesario continuar con el robustecimiento de las fuerzas federales, estatales y municipales de seguridad.
Aceptó que la filtración de información conllevó a la no detención del objetivo del operativo y a abrir una ventana de tiempo lo suficientemente amplia, para que el crimen organizado pudiera poner en marcha un contraoperativo de las dimensiones conocidas.
Por esta razón y en pleno refrendo de “mi apoyo al presidente López Obrador, es preciso que los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno abramos paso a una revisión inmediata y de fondo de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal”.
Declaró que la premisa de donde debe partir la discusión pública es que toda política es perfectible.
Es decir, que se puede mejorar a partir de la revisión de sus objetivos y resultados. Por tanto, el Senado de la República, como órgano del Estado mexicano y facultado por ley para revisar la estrategia de seguridad, es sensible a lo que está suscitándose en distintas entidades federativas y regiones del país.
Expuso que los hechos ocurridos en Jalisco, Guanajuato y recientemente en Chihuahua, “nos demuestran que atender de manera satisfactoria el problema de la inseguridad depende de robustecer la coordinación entre los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno. La seguridad pública es responsabilidad y trabajo de todos los ámbitos del Estado”.
“No hay tarea más urgente ni más importante que atender el reclamo del pueblo por recuperar la tranquilidad en su vida familiar y personal y gozar de un entorno de paz, con seguridad y confianza. En el Senado de la República tenemos la disposición para contribuir a ello”, insistió.
EHR