El Senado de la República podría fungir como interlocutor de “buena fe” en el conflicto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que para el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ni la ley ni la Constitución establecen alguna facultad para destituir o revocar el acuerdo de designación de un presidente electo del TEPJF y el único órgano facultado para supervisar la actuación de las magistraturas integrantes del tribunal es la Comisión de Administración.
En su página oficial, el líder de Morena en el Senado publicó un artículo en el que explica el contexto, las decisiones que se tomaron en el Tribunal, los puntos de vista de los involucrados y algunas consideraciones sobre la crisis institucional por la destitución de José Luis Vargas Valdez y el nombramiento del magistrado Reyes Rodríguez como presidente del Tribunal Electoral
Monreal Ávila explicó en el texto que la sesión en la que se realizó el nombramiento de Reyes Rodríguez tampoco es válida porque se convocó de manera irregular: la supuesta ausencia de José Luis Vargas y no se convocó con la anticipación razonablemente exigida, ni se transmitió por la vía idónea, sino que se hizo a través las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral.
“En suma, el Tribunal se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política, que sólo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la Suprema Corte de Justicia y en el Senado de la República”, subrayó.
El legislador destacó que, desde una perspectiva política y jurídica, el Senado debe responder al llamado de restauración u observancia del orden constitucional en el Tribunal Electoral.
Lo anterior, conforme a sus facultades constitucionales, expresas e implícitas, de nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral, de valorar cualquier renuncia o separación, de evitar la desaparición de un poder público derivado de una crisis institucional y en la búsqueda de garantizar el principio de inviolabilidad de la Constitución.
Además, subrayó que lo ocurrido este miércoles —al dejar sin efectos el mandato constitucional de que el presidente del TEPJF ejerza el cargo por cuatro años y en un ámbito de falta de regularidad—es un acto que, de entrada, no debe justificarse.
Por el contrario, continuó Monreal, debe ser valorado, en especial si atenta contra la estabilidad de una de las instituciones más importantes de este país: el Tribunal Electoral.
Por otra parte, en un video difundido en sus redes sociales, Monreal dijo que el Senado podría fungir como interlocutor de buena para resolver la crisis institucional que priva en el Tribunal Electoral.
Insistió que tanto el Senado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para mediar en este conflicto.
“Evidentemente nosotros como integrantes del Senado, como presidentes de la Junta de Coordinación Política estamos intentando actuar como amigables componedores o como entes interlocutores de buena fe para buscar la solución a este diferendo interno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene facultades para resolver las controversias que se suscitan al interior de las salas pertenecientes al Poder Judicial de la Federación”, expresó.
Añadió que “esperamos que esto tenga una solución rápida por el bien del país, la conciliación, el consenso, la buena fe es la que debe de privar antes del ataque, del denuesto, del odio, de la confrontación. Hay que resolver este problema por el bien del país”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que el Tribunal Electoral es un órgano indispensable, que tiene una función esencial en la vida democrática del Estado mexicano, por eso no se puede “desoír, ignorar, o minimizar” lo que está pasando en este cuerpo colegiado.
Por otra parte, el senador de Morena, Salomón Jara, dijo que la crisis por la que atraviesa el Tribunal Electoral es consecuencia de su diseño institucional, el cual permitió al “PRIAN designar a los magistrados que mejor respondieran a sus intereses, y lo que hoy observamos es precisamente una reyerta entre el PRI y el PAN por el control del órgano colegiado”.
Dijo que el TEPJF ha perdido toda legitimidad y credibilidad, incluso si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera con inmediatez la controversia por la titularidad de la presidencia,
“El conflicto de intereses es evidente, por un lado, el magistrado Reyes Rodríguez fue director general adjunto en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón y coordinador de asesores del ex senador Roberto Gil; y en cuanto al magistrado José Luis Vargas, fue coordinador de Asuntos Jurídicos en la Segob con Vicente Fox y titular de unidad en el Cisen y fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales con Felipe Calderón, y posteriormente fue impulsado por el PRI para llegar al Tribunal Electoral”, advirtió.
Jara Cruz dijo que las resoluciones del tribunal electoral estarán en entredicho, desde los incidentes surgidos de la elección de junio de este año, hasta los procesos electorales de 2022 y 2024, “es extremadamente grave la incertidumbre que han generado y corresponde resolverla a las y los senadores”.
Consideró urgente analizar el tema a profundidad y revisar la legislación para garantizar que la máxima instancia en materia electoral cumpla con su función constitucional apegada a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.
JLMR