Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que si en un futuro no se reglamentan las redes sociales en México, se perpetuará un escenario de incertidumbre jurídica y vulneración de los derechos humanos y las libertades civiles.
Al participar en el foro “Discusión de la Iniciativa de Ley para Regular las Redes Sociales”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado, Monreal señaló que un entorno en que las redes sociales promueven la cercanía, intensifican la comunicación, estrechan las interacciones entre la gente e impactan cada aspecto de la vida cotidiana, desde los gobiernos y la sociedad civil surgen interrogantes acerca del alcance y la suficiencia de su regulación, en virtud de los potenciales riesgos para los usuarios y para los Estados nacionales.
“Más allá de filias y fobias, lo cierto es que el marco jurídico de nuestro país y, en general en el mundo, se muestra limitado y poco efectivo para hacer frente al reto jurídico de establecer parámetros justos en el espacio virtual de las redes sociales, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de cualquier persona sin incurrir en actos de censura”, expresó.
Destacó que México es uno de los países de habla hispana que mayor uso hace de ellas, de los 131 millones de habitantes que hay, el 67 por ciento son usuarios activos, es decir, 88 millones de personas, siendo YouTube la plataforma con mayor uso, con 86 millones de internautas.
El coordinador de Morena resaltó que estas cifras son más significativas en cuanto a los fenómenos nocivos que se presentan en el entorno digital, como la creación de cuentas falsas, mensajes discriminatorios y racistas, discursos de odio, el ciberacoso, la pornografía infantil, entre otros.
“Y a pesar de que las redes sociales tienen herramientas para denunciar contenidos y suspender publicaciones o cuentas, esos mecanismos no se encuentran regulados ni están construidos bajo esquemas de salvaguarda o de salvaguarda para la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas usuarias”.
Añadió que los derechos humanos en cualquier parte del mundo, “deben ser protegidos por el Estado y si el propio Estado encuentra en los derechos humanos los límites para su actuar con mayor razón, los entes privados deben estar sometidos a la ley para garantizar la plena efectividad de los derechos y las libertades de todas las personas que hacen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación”.
Mencionó que la regulación de las redes sociales ha sido un tema que también se ha retomado en otras latitudes, con el fin de garantizar estándares de protección, transparencia y adecuación para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio, de manera tal que no sean las empresas privadas las que unilateralmente fijen las reglas y los límites a las personas usuarias, sino que ello esté a cargo del Estado y de su propio órgano autónomo, constitucional y democrático.
En tanto, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se pronunció porque la regulación a las redes sociales se dé con una mirada de perspectiva comparada y que ésta parte del Estado y no de gobierno, como lo propone Ricardo Monreal, respecto a que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que las ordene.
JLMR