A casi cuatro años de que se aprobó la Ley Olimpia en el estado, Monterrey concentra el 70 por ciento de los mercados de explotación sexual, reveló la activista Olimpia Coral Melo.
Además, detalló que son 150 mercados de explotación sexual de grupos que existen, en donde difunden, a través de páginas electrónicas, chats privados en telegram, WhatsApp, Instagram e incluso en universidades, fotografías y videos sexuales de mujeres sin su consentimiento.
Al encabezar una concentración pacífica de mujeres frente al Palacio de Gobierno, Coral Melo comentó que en Nuevo León existen al menos tres casos de vinculaciones a proceso por delitos contra la intimidad sexual en internet, dos hombres y una mujer.
“Sin embargo, creemos que hay un área enorme de oportunidad para la Ley Olimpia que el Congreso aprobó (en el 2019), pero nadie se ha preocupado por darle seguimiento a la prevención y a la capacitación.
“Al menos son tres mil mujeres y niñas que están en ese mercado de explotación sexual, señaló.
Reconoció que el balance de la Ley Olimpia es limitado, porque las víctimas se enfrentan a un sistema judicial que las culpa y las señala a ellas y no a los agresores.
“También se han encontrado con una Fiscalía que les dice que eso no es un delito; valdría la pena hacer un plan de manera conjunta (gobierno, sociedad y organizaciones civiles), como un protocolo de seguimiento de cómo está funcionando en la práctica”, mencionó.
Coral Melo consideró que primero se le tiene que hablar al gobernador Samuel García que deje de ser machista, y como líder de un gobierno es quien debe poner la muestra.
La activista dijo que por ello realizan esta concentración pacífica frente al Palacio de gobierno, donde también se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de las Mujeres, para exponerles la situación de los mercados de explotación sexual.
“Hay hombres que en sus celulares traen por lo menos una fotografía o video de mujeres sin su consentimiento. Donde las violan sin tocarlas”.
Las mujeres que se han decidido a denunciar este delito se han topado con un sistema de justicia que las revictimiza, las culpa, además se enfrentan a una sociedad sumamente machista e injusta que también las señala a ellas y no a los agresores, indicó.
Enfatizó que la finalidad de la concentración pacífica y la reunión con funcionarios del gobierno estatal es para solicitarles que haya acceso a la justicia y que ésta sea pronta y expedita.
“La Fiscalía considera a la violencia digital como no real porque no hay marcas, golpes, ni sangre, pero es real porque te violan tu intimidad de manera virtual; durante la pandemia se incrementó un 73 por ciento el uso de la tecnología, y, por ende, la violencia digital”, añadió.
El Código Penal establece el castigo con tres a nueve años de cárcel a quien difunda, comparta, distribuya, publique o reproduzca fotografías, videos, audios reales o alterados sin el consentimiento de las personas.
Por parte del gobierno estuvieron Alicia Leal Puerta, titular de la Secretaría de las Mujeres; Víctor Cabrera, subsecretario de gobierno, y César Gómez Treviño, director de gobierno.